Consabido, impuesto tan injustamente a Venezuela un plazo por la Secretaría General de las Naciones Unidas para la remisión a la Corte Internacional de Justicia de la controversia esequibana, propusimos a principios de 2017 y a cámara plena, la conformación de una comisión especial o mixta exclusivamente dedicada a la materia. Desoídos, nos dedicamos a trabajar con varias organizaciones de la sociedad civil para consensuar y desarrollar un programa mínimo y eficaz de la eventual comisión, además de denunciar en el transcurso de todo el año el inminente vencimiento del plazo y las actuaciones del representante D. H. Nylander que no fue jamás el Buen Oficiante que predicó Maduro Moros, asido a un vulgar ardid.
A nuestro juicio, la tarea fundamental consistía en la concepción y desarrollo de una Política de Estado que, de un modo u otro, ventilamos en el parlamento aproximadamente dese 2014. Lógicamente, no habrá política pública alguna en este u otros ámbitos de no superar la actual dictadura, pero resulta indispensable esbozarlas y echar sus bases.
Recibíamos frecuente información de la situación interna que atravesaba la cancillería. Particularmente, las oficinas dedicadas al Esequibo y a Guyana de un atemorizado personal, angustiado e impotente.
Finalmente aprobada y nombrada la comisión mixta, luego de la desafortunada remisión del expediente a La Haya, parecía obvio que hiciera las veces de las oficinas ministeriales, con las limitaciones de rigor, y así lo propusimos. Los parlamentarios, asesores y personal administrativo adscritos a la comisión, podían y pueden hacer – al menos – las tareas de seguimiento en torno al vecino país y al asunto territorial.
Ignoramos que haya una propuesta formal al respecto: no coincidimos con el nombramiento de un encargado en el tema esequibano, pues, por una parte, si fuere el caso, el parlamento cuenta con la específica área de trabajo de dedicación exclusiva; y, por la otra, supondría la creación de otras encargadurías para temas tanto o más agudos e inmediatos, olvidando que la urgencia es la del quiebre y la transición, con un gobierno de unidad y sus correspondientes ministros. No debe existir, hoy, otra encargaduría que la de la presidencia de la República, en manos de Juan Guaidó.