La inflación de 4.3% en abril, la escasez de alimentos, medicinas y repuestos automotores, han encendido todas las alarmas: el buque socialista está hundiéndose -haciendo glu,glu glu- tal como ocurrió en todos los países donde se implantó la socialización de los medios productivos y la planificación central. Catorce años de cerco a la empresa particular y a la propiedad privada no podían pasar en vano. Casi tres lustros de intervenciones, controles, regulaciones e injerencia abusiva del Estado sobre la actividad económica, tenían que causar efectos letales. Esos vientos sembraron estas tempestades.
Además de la escalada inflacionaria, existen otras cifras aterradoras. De acuerdo con recientes investigaciones mandadas a realizar por Conindustria, de los 600.000 establecimientos comerciales e industriales que existían en Venezuela en febrero de 1999, solo quedan un poco más de 300.000; la merma es de 50%. De las 12.500 ramas industriales y comerciales que operaban ese mismo año, sobreviven 7.000; la caída es 44%. En catorce años de gobierno socialista se han registrado cinco devaluaciones de la moneda nacional; la última: 46.5%. Ningún país miembro de la OPEP ha padecido ese mal, menos en un ciclo de expansión de los precios del crudo. El empleo que más aumenta es el que gana el salario mínimo; casi 60% de la fuerza laboral se encuentra en este segmento. Algo más de 80% de los trabajadores obtienen menos de dos veces el salario mínimo. La franja de trabajadores que se encuentran desempleados o en el sector informal de la economía es superior a 40%; en términos absolutos esto significa que, sobre un total de 13.500.000 personas, 5.400.000 no trabajan o se refugian en la informalidad. El socialismo ha sido especialmente drástico con los trabajadores. Los empleos son de mala calidad, en términos de la OIT.
Frente al cuadro global, la respuesta del Gobierno ha sido torpe. Invoca una guerra económica instigada por factores nacionales e internacionales conjurados para desestabilizar el país. Habla de acaparamiento y especulación, vocablos que han desaparecido de la ciencia económica. De ellos solo se hace uso en coyunturas excepcionales: tragedias naturales o conflictos bélicos nacionales o internacionales. En condiciones como las que vive el país, la escasez no se origina en el acaparamiento; ni la inflación en la especulación. Ambos fenómenos evidencian el fracaso rotundo de un modelo económico anacrónico afincado en las expropiaciones, los embargos, las confiscaciones. Lo que ha fallado es un Estado que ha querido regular e intervenir en todas las facetas del proceso productivo. Que ha construido una legislación punitiva, que castiga el éxito, acorrala a los empresarios y, para colmo de males, anula a los sindicatos independientes porque bloquea la contratación colectiva, el mejor instrumento que posee la clase obrera para obtener reivindicaciones a partir de la producción y la productividad. Lo que está en entredicho es un esquema de conducción que coarta el desarrollo de las capacidades productivas de trabajadores y patronos.
El Estado ha fracasado como empresario y agente interventor. Los activos privados de los que se adueña, sean industriales o agrícolas, quiebran o son subsidiados por el presupuesto nacional. Agro Isleña y Lácteos Los Andes, empresas exitosas en sus ramos, se fueron a pique. La combinación de ineficacia y corrupción es letal. La nueva Ley del Trabajo, abundante en penalizaciones y amenazas, desestimula la creación de empleos.
La lucha de clases es otra antigualla mortifera. Únicamente ha servido para promover la confrontación inútil e inconveniente entre los sindicatos gobierneros y las empresas particulares. Toyota y Coca Cola han sido martirizadas por los embates de esta visión criminal de las relaciones obrero patronales. El conflicto absurdo fomentado por el oficialismo con el capital privado aleja la inversión nacional y foránea, cuando los países luchan por atraer inversionistas y garantizarles las condiciones más favorables para que sus actividades se desplieguen en un clima de seguridad jurídica y paz laboral.
El Gobierno pretende apagar el fuego echándole más gasolina. La nueva Presidenta del BCV dijo en una de sus primeras declaraciones que los controles y la intervención se mantendrán porque habían sido muy “exitosos”. Se rumora que es una pieza de Giordani. A lo mejor. Lo que sí es seguro es que no sabe nada de economía. Lorenzo Mendoza, dale una clasesita.
@cedice