Lo que el gobierno pretende hacer viola disposiciones específicas de la Constitución. Esta es una de las expresiones más acabadas del drama que vive Venezuela desde hace más de una década
Lo que el gobierno está haciendo con las universidades autónomas ofrece más de un punto de comparación con otro episodio vergonzoso de la historia: el asalto al Congreso en 1848 por las tropas de José Tadeo Monagas y una turba reunida a las puertas del Parlamento. El episodio llevó a Fermín Toro a proferir su célebre frase: “decidle al general Monagas que mi cadáver lo llevarán, pero que Fermín Toro no se prostituye” y, como ha sido señalado por muchos historiadores, probablemente constituyó el primer golpe de fondo contra la independencia del Poder Legislativo y su sujeción a los caprichos y órdenes del Ejecutivo.
Lo que el Gobierno pretende hacer con las universidades no es solamente un acto artero contra una institución esencial para el país, sino que viola disposiciones específicas de la Constitución y las leyes vigentes. Más allá de estos aspectos formales, pero absolutamente de fondo para entender la naturaleza de la responsabilidad de la universidad frente al país, está el hecho cada vez más evidente de que el conflicto, cuidadosamente planificado por las fuerzas más trogloditas del oficialismo, es político en su naturaleza y sus objetivos.
Se trata, en última instancia de una de las expresiones más acabadas del drama que vive Venezuela desde hace más de una década, donde una oligarquía aferrada al poder y a un proyecto profundamente antihistórico y atrasado, pretende imponerle al país una forma única de pensar de acuerdo a los cánones de un mal definido y peor puesto en práctica socialismo del siglo XXI.
El Gobierno está violentando el Estado de Derecho al pretender llegar a acuerdos con organizaciones ilegítimas y no autorizadas para representar a los universitarios. En este sentido la conducta fascistoide del chavismo, de orquestar organizaciones paralelas a las previstas en la ley y que son reconocidas de facto por el Ejecutivo, es enteramente análoga a la que se ha seguido con los sindicatos de otros sectores y en clara resonancia con lo que las fuerzas de Mussolini hicieron en Italia para construir un movimiento sindical gobiernero. Dos de las mayores contradicciones de la revolución chavista es que esta se autoproclama defensora de los trabajadores y actúa como un agente depredador de los obreros, y se autoproclama defensora de los estudiantes y reprime y desconoce al liderazgo estudiantil.
El tema universitario, y la crisis terminal a que el Gobierno pretende arrastrar al sector, reúne como ninguno las características de un tema transversal a la sociedad venezolana, es decir, su relevancia va mucho más allá de estas instituciones. Entender esto es clave para organizar la respuesta de defensa de la universidad democrática. Parece inevitable la conformación de un frente social de defensa de la universidad en su doble papel de institución educativa y de generación de conocimientos no sujeta a la emasculación del intelecto y el espíritu que pretende el Gobierno. Este frente ya ha avanzado en su conformación y debe tener un perfil muy amplio que le dé vocería a la sociedad civil en su conjunto a través de organizaciones como los sindicatos, e individuos, que comprendan a cabalidad el rol decisivo que esta alianza social puede cumplir en establecer una clara relación entre la conflictividad social en general y lo que está ocurriendo con las universidades.
La gravedad de la situación y lo que está en juego para la sociedad, no solamente para los universitarios, le impone una seria responsabilidad a las autoridades de las universidades autónomas y al liderazgo universitario en su conjunto. La existencia de divisiones internas y conductas que obedecen más a planes políticos pequeños y sin posibilidad de éxito si no se actúa con decisión en este momento definitorio del futuro de la universidad, son inaceptables. La intención de dividir al movimiento universitario por la maniobra del Ejecutivo de proponer un aumento chucuto unilateral de salarios, pretendiendo pasar por la puerta trasera modificaciones sustantivas a la legislación universitaria que formaban parte de una ley que fue vetada por el finado presidente Chávez, debe ser firmemente enfrentada y ello exige mucha visión y unidad no solamente del liderazgo gremial sino de la alianza social que se conforme para la defensa de la universidad.
Agachar la cerviz no es una opción independientemente de que la situación económica de muchos profesores es crítica. Ello es así porque los verdugos de la universidad democrática no van a cesar en su plan político de castrar y tornar obediente a una institución que se opone a sus planes de hegemonía cultural. La única defensa posible es obrar como Fermín Toro actuó en su momento cuando le tocó cumplir su responsabilidad frente a la historia. Combinar ética con la inteligencia política de elevarle el costo a la conducta vergonzosa del gobierno es el nombre del juego.