La tendencia está en alza. Varios estados en EE.UU. legalizaron su consumo y producción y ayer la Cámara de Diputados de Uruguay convirtió a ese país en el primero en hacerlo en América Latina; aunque falta la aprobación del Senado uruguayo.
La futura y muy posible ley regula la producción, el consumo y la venta de la marihuana, algo que años atrás varios ex presidentes latinoamericanos como Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo, consideraban que era el camino más apropiado para que el Estado deje de tener una mirada netamente represiva en la lucha contra el narcotráfico.
Los argumentos a favor de la legalización indican que es la mejor forma de regular un mercado y así poder tener políticas coherentes de salud para atender a los adictos y no atestar las cárceles de consumidores que no cometen el delito de comerciar con las drogas, sino solo de consumirlas.
Los argumentos no huelen a mucha consistencia ni esencia. El problema de la droga es mucho más profundo. El narcotráfico no desaparecerá, comerciará drogas más fuertes e incentivará un mercado negro con marihuana con aditamentos más tóxicos.
Es entendible el tema de las cárceles atestadas de inocentes y que los adictos representan un problema de salud pública y no penal. Pero debiera entonces incentivarse leyes para que el Estado brinde más recursos en programas de salud apropiados, ya que legalizar no hará que haya menos consumo, sino lo contrario.
La legalización de la marihuana acarrea otro tipo de problemas más allá de los legales y de salud pública, sino de educación y moralidad, sobre la distinción de lo bueno y lo malo, del bien y del mal.
Cuando el tema se trató en California, escribí una columna. Reproduzco algunos párrafos:
“Quienes favorecen la legalización del cannabis anteponen conceptos prácticos y económicos. Estiman que California recaudará 1,4 billones de dólares al año en impuestos. Se ahorrarán miles de millones por no tener que procesar a criminales que ya no lo serán y gastos carcelarios que ascienden a 216.000 dólares al año por cada delincuente juvenil encarcelado, en contraste con 8.000 dólares que se gasta por un niño en el sistema público escolar. Estiman que la legalización blanqueará el mercado y reducirá los precios de la droga; suficientes disuasivos para los narcotraficantes.
Quienes están en contra saben que la marihuana detona enfermedades psiquiátricas, provoca adicción, incentiva el uso de drogas más fuertes, desinhibe conductas delictivas, atrae efectos negativos al hogar, en el trabajo y provoca mayores accidentes, por lo que los ahorros se transferirán como gastos a otro sector. La sociedad estará más enferma y el narcotráfico no se diluirá, se enfocará en otros negocios y productos más rentables.
La legalización de la marihuana abrirá puertas insospechadas. Es un error si se fundamentan criterios económicos por sobre los problemas de salud pública o los efectos negativos al núcleo familiar, así como minimizar la necesaria discusión ética sobre el tema y sus repercusiones morales.
La permisividad legal que se conceda hoy a la marihuana nos debiera hacer reflexionar sobre el después. ¿Será que la ambición nos llevará en el futuro a legalizar drogas más duras y peligrosas?”.