Ahora sabemos que las medidas confiscatorias adoptadas por el Gobierno durante los últimos días, que al parecer se extenderán a todos los sectores de la economía, y que por ahora han afectado especialmente a los comerciantes dedicados a la venta de productos de línea blanca y electrodomésticos, no se le ocurrieron a Maduro. Para nada. El muchacho de ¿El Valle?, ¿Santa Rosalía?, ¿San Cristóbal? (tiene tantos lugares de nacimiento) suele plagiar sin citas de pie de página. En este caso se copió, nuevamente, de uno de los tiranos más oprobiosos del planeta: Robert Mugabe, quien en 2007 puso en marcha la Operación Reducción de Precios, frente a la “Guerra Económica” que su enfermiza y autoritaria mente había imaginado, y cuyo ejército estaba conformado por los industriales y comerciantes del Zimbabue. Las consecuencias de su delirio criminal e irresponsable fueron catastróficas para ese miserable país. Se desató una de las inflaciones más pavorosas de las que se tenga memoria. En Internet puede encontrarse un detallado reportaje acerca del tema escrito por el periodista inglés Chris McGreal para el periódico de Guardian.
No tengo dudas de que lo mismo ocurrirá en Venezuela. Aquí todavía existe un marco constitucional y normativo que debe respetarse, y quien primero debe acatarlo es el Ejecutivo Nacional. Al país no le conviene que el Estado decrete de forma unilateral, inconsulta e ilegal, rebajas compulsivas en los productos que se venden en los comercios. Si algún comercio incurre en una irregularidad, esta tiene que ser investigada y demostrada por los órganos competentes. En ese caso, los responsables deben recibir las sanciones contempladas en el ordenamiento legal, ya suficientemente punitivo.
La Ley del Indepabis no debe utilizarse como burladero legal para destruir establecimientos que cumplen con toda la engorrosa lista de trámites que el Estado exige para conceder permisos de instalación y funcionamiento, que pagan una nómina costosa y cancelan la amplia variedad de impuestos establecidos en la ley.
Resulta muy grave que el Estado adopte resoluciones que propician la formación de atmósferas que inciten a saqueos, y estimulan la confrontación social y la lucha de clases. La paz, la confianza y la seguridad jurídica son esenciales para crear un ambiente que atraiga las inversiones, tanto extranjeras como nacionales, y fomente el empleo productivo, estable y bien remunerado. El comportamiento del gobierno desestimula y aleja a los potenciales inversionistas que podrían interesarse por colocar sus capitales en Venezuela. ¿Después de ver el asalto a Daka, las largas colas para aprovechar el festín populista y la incitación a la venganza de parte de Maduro, cuál empresario sensato va a arriesgarse a colocar su dinero en esta nación?
El único responsable del aumento de precios en los electrodomésticos y en todos los productos consumidos por los venezolanos es el Gobierno, que persiste en mantener un control de cambios injustificable, fracasado y dañino.
El trío diabólico –Maduro, Giordani y Ramírez- enfrenta la rebelión del paralelo propiciando ambientes donde germina la violencia y se quebrantan los principios y derechos establecidos en la Constitución, el Código de Comercio y el Código Civil, aún vigentes, y se elimina la posibilidad de que Venezuela cuente con una economía saludable, que fomente el desarrollo y la equidad.
Maduro está desesperado por su erosión y la de su equipo en las encuestas. La consulta de diciembre lo persigue. Sin embargo, la cercanía de las elecciones del 8-D no puede transformarse en excusa para que el errático mandatario apele a medidas efectistas de corte demagógico, que hunden la imagen internacional del país, mostrándolo como una sociedad sin normas, dominado por turbas enardecidas y bajo la tutela de militares que medran de la descomposición. Esas medidas descuadernan aún más la economía, y alimentan una cultura popular basada en la dádiva del Estado y en el comportamiento arbitrario de los órganos oficiales.
En nombre de la seguridad jurídica, la abolición de la discrecionalidad y la creación de un clima de confianza en el país, hay oponerse con firmeza a todo acto ilegal que conspire contra el Estado de Derecho. Ya los rojos asaltaron PDVSA, fincas, haciendas, hatos, edificios, casas. Los resultados están allí. Son el caos y la miseria, material y humana.
@trinomarquezc