Hay muchas maneras de ser responsable por la muerte de otras personas, y la ley establece las condiciones bajo las cuales alguien puede ser juzgado por ello. Bajo ciertas condiciones, la muerte puede ser aplicada como un castigo y aquí también la ley distingue entre ajusticiamiento y asesinato. Están, de modo obvio quienes actúan como agentes materiales de la muerte, quienes accionan un arma o provocan de cualquier modo el deceso forzado de una persona. Están también los cómplices y co-responsables, quienes por acción criminal u omisión en el cumplimiento de su deber facilitan la acción de los homicidas.
Pero estas son las responsabilidades individuales. Sin embargo, la ley y la constitución establecen otro tipo de responsabilidades sobre el Estado en su conjunto como garante de la vida y la seguridad de los ciudadanos. Es precisamente éste el bulto que pretenden escurrir Nicolás Maduro y su gobierno cuando intentan protegerse pidiendo con rostros compungidos y agresivos, extraña mezcla, que no se politice la muerte de los venezolanos a manos de la violencia que azota a Venezuela.
El libreto de la actuación del gobierno, y las manidas frasecitas vacuas de rigor, del tipo: “Se aplicará todo el peso de la ley” o “Mano dura contra el hampa”, son tan predecibles como el resultado del disparo de un arma de fuego sobre el cuerpo de una persona. Creo que conviene decirlo con todas sus palabras para que no quede duda: En Venezuela la muerte de la gente por la situación de inseguridad es un problema político, porque el gobierno no cumple su responsabilidad de garantizar el derecho a la vida de los ciudadanos. En otras palabras, y antes de que algún gobiernero salte con una perogrullada de las que ofenden a nuestro gentilicio, si alguien muere de muerte natural en su lecho, luego de haber vivido una vida plena y con los cuidados médicos adecuados, ese hecho no debe ser tratado como un asunto político. Pero la muerte de una persona a manos de bandoleros armados que operan con total impunidad o porque no recibe a tiempo las medicinas necesarias para tratar una dolencia curable si que tiene innegables consecuencias políticas.
En un sentido muy real el gobierno chavista se ha convertido en el Gran Gerente de la Muerte. En la dirección de la criminalidad desatada, el gobierno es política, y probablemente legalmente culpable, por instigar al odio entre venezolanos, por permitir que el crimen opere con absoluta impunidad, por no controlar la tenencia ilegal de armas, por negociar con los Pranes, señores de la violencia, como si se tratara de gente respetable y, en última instancia, por promover los anti-valores de la corrupción, la desintegración social y el lenguaje agresivo contra sus adversarios políticos, una combinación que sin duda influye en la mente y el estado sicológico de quienes en última instancia aprietan el gatillo. No se necesita mucho entrenamiento en materia de educación o sicología para saber que el comportamiento de los líderes de una nación constituye ejemplo para los jóvenes que se forman en la cultura del irrespeto, la agresividad, la sorna y la vulgaridad en la conducción de los asuntos públicos.
En la vertiente del sistema de salud, el gobierno es también indirectamente responsable por las muertes de los venezolanos que fallecen por no disponer de los medicamentos y tratamientos adecuados. Ya es bien conocido el calvario de los enfermos de cáncer que deambulan por los centros hospitalarios intentando conseguir infructuosamente medicinas y tratamiento radiológico supuestamente gratis pero en realidad inexistentes. Pero esto es solamente un ejemplo del desastre en que se ha convertido la asistencia médica en Venezuela.
Es decir, que dos responsabilidades fundamentales del Estado para con sus ciudadanos: salud y seguridad son escandalosamente desatendidas por la oligarquía chavista que vive sus existencias gordas y felices protegidos por decenas de guardaespaldas y con las posibilidades de recibir cuidados médicos decentes fuera de Venezuela. Por eso, la muerte de Mónica Spear y su marido, asesinados en frente de su hija, así como la de más de doscientos mil venezolanos en los 15 años de revolución a manos del hampa, al igual que la de la gente que se marchita terminalmente por enfermedades y condiciones médicas curables, tiene profundas connotaciones políticas.
Cada cierto tiempo ocurre en la vida de los pueblos que una chispa enciende la sabana y les permite decir no a la miseria, el engaño y la burla de quienes desgobiernan en una forma que tenga consecuencias políticas en la forma en que se dirigen el país. Ojala las muertes que tanto han conmocionado a Venezuela abran la puerta para que cambie la vida de nuestra sufrida nación. Que la oligarquía chavista termine por escuchar el clamor de la gente que dice ¡Basta Ya! a tanta barbarie y desgobierno. Solamente así la posibilidad de la reconciliación y la rectificación dejará de ser una fantasía.