El 12 de febrero pasado fue un día intenso y terrible para Venezuela. Empezó muy bien, con masivas marchas convocadas por organizaciones políticas y estudiantes pro democracia que superaron las expectativas. Eran eventos de protesta contra el régimen presidido por Nicolás Maduro. A la respuesta desproporcionada de la policía (armas de fuego vs piedras) se infiltraron grupos que el régimen ha venido armando, entrenando y organizando desde hace años: colectivos violentos que amedrentan y atacan a la disidencia.
The Washington Beacon lo reseñó así:
“A los manifestantes se le han disparado perdigones, gases lacrimógenos y otras armas por la policía (…) cada vez más violentos desde que Maduro prohibió protestas en la calle y ordenó un blackout informativo generalizado”.
Un “blackout” o “apagón informativo” ocurre cuando un Estado bloquea o intimida a los medios independientes a no difundir noticias o transmisiones en vivo que considera incómodas o inadecuadas. En otras palabras: restringe la libertad de expresión a tal punto que solo lo oficial fluye por los canales y marcas certificadas en el país.
Al final del 12F hubo tres muertos, dos de ellos estudiantes. Más de 30 heridos y la figura inédita de “desaparecidos”. Ha habido más desde entonces. Quitemos a los medios 100% de internet. ¿Cuánto de todo aquello fue difundido por los canales de televisión, emisoras de radio y periódicos de papel de Venezuela? Prácticamente nada.
Si usted ha visto fotos y videos de la violenta represión (para)policial, le informo que han sido tomados de internet y producidos en su mayoría por ciudadanos. Casi nada de medios formales establecidos en el país.
The Guardian lo reseña así:
“Otras imágenes y videos mostraron hombres armados en motos [pertenecientes al colectivo chavista Tupamaros] derribando puertas y disparando a automóviles estacionados. Los informes circularon a través de las redes sociales y los canales extranjeros como CNN Español, pero no se mostraron en los canales de televisión venezolanos, por lo que muchos lo consideren un autoimpuesto blackout de los medios por temor a represalias del gobierno”.
NTN24, el canal de noticias colombiano que se ha convertido en la principal referencia independiente de lo que ocurre en Venezuela, fue sacado de las cableras por orden del régimen antes que pudiera reportar lo que ocurría en las calles. “Razones de Estado”, adujeron; un manejo discrecional y extrajudicial de la comunicación social.
El Colegio Nacional de Periodistas declaró:
“Vemos con gran preocupación cómo se pretende sumir a Venezuela en un blackout informativo amedrentando a los medios de comunicación locales y censurando a los internacionales que informan sobre los hechos que afectan a la ciudadanía”.
Un reportaje de CNN el 18 de febrero tuvo por título: “Venezuelan Government blocking coverage of unrest”, es decir, “El gobierno venezolano bloquea la cobertura de los disturbios”.
¿Y los medios privados venezolanos? Maniatados por “procedimientos administrativos”, condicionados por los dólares que el régimen otorga (por ejemplo, 24 medios impresos han dejado de salir o están a punto por falta de papel), obligados a la autocensura y algunos importantes comprados por testaferros del chavismo. Solo unos pocos mantienen líneas editoriales sin autocensura.
Para un panorama más amplio de los medios privados les sugiero, un artículo anterior: Nelson Bocaranda y la libre expresión autoconstruida donde el periodista habla sobre el ecosistema mediático venezolano actual.
Los medios oficiales (TV, radio, diarios y revistas) no son propiamente periodísticos, sino propagandísticos de la “revolución bolivariana”. Y no de forma velada, sino expresa y evidente.
Venezuela está a 116 escalones del primer lugar en el Índice de Liberta de Prensa de Reporteros Sin Frontera (de 180 países). El acceso a la información pública es casi nulo. Si revisamos el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional está en el puesto 160, a escasos 15 peldaños del más corrupto y menos transparente.
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