La Iglesia católica o cancilleres de países suramericanos podrían mediar entre el gobierno y la oposición en Venezuela, sacudida por una ola de protestas desde hace más de un mes, dijo este lunes el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza.
Insulza, de visita en Chile para asistir a la asunción de Michelle Bachelet este martes, aseguró que la solución al clima de protestas a favor y en contra del gobierno venezolano, -que dejaban hasta ahora 20 muertos-, pasa por el diálogo y la mediación
“La Iglesia puede ser (mediadora), u otro organismo internacional. No digo que tiene que ser la OEA. (…). Si no se quiere que sea la OEA que sean otros, cancilleres de América del Sur, o cancilleres de América Latina”, dijo Insulza en entrevista con CNN Chile.
Aprovechando el cambio de mando en Chile, los cancilleres de los países miembros de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) tienen previsto una reunión el miércoles para tratar la situación de Venezuela, en la que se espera lograr un respaldo internacional al diálogo en el país caribeño.
El encuentro se da 4 días después de que la OEA, reunida a pedido de Panamá, aprobara una declaración en “solidaridad” con el diálogo en Venezuela, de la que Estados Unidos, Panamá y Canadá discreparon por no incluir garantías para la oposición en las posibles negociaciones.
También fue derrotada una propuesta de Perú de incluir un mecanismo en manos del secretario general de la OEA en Venezuela y recomendar soluciones.
Según Insulza, Venezuela vive una “crisis de confianza” en la que gobierno y oposición no se reconocen como interlocutores válidos para conversar y llegar a acuerdos.
“Para que se cambie el ambiente de confianza tiene que haber primero tolerancia”, es decir, que la oposición reconozca que Maduro fue elegido presidente democráticamente y que el mandatario reconozca a la oposición como un interlocutor válido y la cite de forma “más respetuosa”, afirmó el secretario general de la OEA.
Las protestas en Venezuela fueron iniciadas por estudiantes el 4 de febrero en San Cristóbal (oeste) tras el intento de robo y violación de una universitaria y luego se extendieron a otras ciudades con reclamos por el desabastecimiento y la inseguridad, y han sido calificadas por Maduro como “un golpe de Estado en desarrollo”.
AFP