Según reporta la revista Dinero, empresas privadas no podrán establecer ni precios ni condiciones de comercialización ni una posición dominante en el mercado, pero excluye a públicas y comunales, lo que rechaza la Cámara de Comercio de Caracas por considerar que seguirá causando distorsiones con monopolios públicos.
La nueva legislación además veta “las concentraciones económicas que produzcan o refuercen una posición de dominio en todo o parte del mercado”, reza el artículo 10 de la nueva legislación, pero excluye a las empresas estatales, PYMES y comunales. Así mismo, no permitirá “generar efectos contrarios a la competencia efectiva, la democratización de la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios”.
Con esta nueva legislación se obliga a las empresas a desprenderse de compañías y plantas que originen la cartelización del comercio, tal como lo informó la ministra del Comercio, Isabel Delgado, quien aseguró que es hora de “desconcentrar la economía”.
Las multas o sanciones serán aplicables de acuerdo al patrimonio de las empresas que van desde el 10% de las ingresos brutos anuales hasta 20% del patrimonio en caso de agravantes. Y podría llegar al 40% en caso de reincidencia.
Monopolio excluyente
Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, resalta que “todo monopolio es malo”, pero rechaza que el Gobierno no incluya al sector público cuando en la práctica el Estado tiene el monopolio de la luz eléctrica con Corpoelec, las comunicaciones a través de Cantv, distribución de alimentos con 22 mil 00 puntos a través de Mercal y PDVAL, el 80% de las centrales azucareras del país y el control de las cementeras.
“Todo esto sin contar con que el Gobierno nacional también tiene el monopolio de la importación del papel de periódico y vehículos, y la explotación de la industria petrolera”, agrega. Para él, el gobierno está intoxicado de monopolio y por eso la razón de la ineficiencia pública.
Ante este escenario, Maldonado califica la ley como “un retroceso” porque representa otro golpe más al sector privado, que en nada ayuda a la producción nacional. Asegura que uno de los grandes riesgos sería su discrecionalidad en manos de lios funcionariso.
Por otro lado, advierte que las franquicias estarían en peligro porque “el gobierno pudiera interpretar que el franquiciante tiene una posición de dominio sobre el franquiciado, a través de las normas y condiciones que establezcan, y por lo tanto se puede destruir este concepto que tantos empleos genera al país”.
Para Maldonado, la enfermedad de toda economía es el monopolio, pero por esa misma razón el Gobierno debe enfrentar cualquier tipo de monopolio: venga de donde venga, sea público o privado.
Otro de los elementos que contempla la ley es la prohibición de la competencia desleal, que según se lee es todo acto que tenga por objeto inducir al error al consumidor sobre las características de algún producto, bien o servicio. Además, se pechará aquella publicidad que tenga con fin difundir aseveraciones que no fueran exactas y que coloquen a los agentes económicos que los produzcan o comercialicen en desventaja.
Vía El Periodiquito.