En representación de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero expuso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas diversos casos emblemáticos de las violaciones graves a los DDHH que han tenido lugar en Venezuela desde febrero de 2014. También se presentó el informe general del Foro Penal Venezolano ante los comisionados de la ONU y ante las demás representaciones de ONG y del Estado Venezolano que participaron en la sesión de este lunes.
La presentación del Foro Penal Venezolano se centró en el uso excesivo de la fuerza, la tortura y otros malos tratos que han sufrido las personas que han sido sometidas a detenciones arbitrarias por ejercer su derecho a la protesta; así como en los ataques y hostigamiento contra defensores y defensoras de los derechos humanos. En este sentido, Romero destacó que los ataques contra defensores y defensoras que acuden a instancias regionales e internacionales a denunciar violaciones a los derechos humanos continúan.
El Director del Foro Penal Venezolano reiteró que desde 2014 ha habido más de 3700 detenciones por manifestaciones políticas. Más de 300 personas fueron sometidas a prisión por meses, e incluso por más de un año, por manifestar contra el gobierno venezolano. Recordó que 75 personas están todavía privadas de libertad por motivos políticos, de las que 29 están relacionadas con protestas.
También aclaró que al día de hoy más de 2000 personas, a pesar de encontrarse en libertad, se mantienen con procesos penales pendientes y bajo medidas restrictivas a su libertad, lo cual constituye una clara demostración de la criminalización del derecho a la protesta.
Casos como el de Nixon Leal, Gerardo Carrero, Ángel Contreras, Renzo Prieto, Juan Pablo Giraldo, Antonio Ledezma, Leopoldo López y Daniel Ceballos, entre muchos otros, demuestran que en Venezuela existe persecución por motivos políticos. También lo demuestran los retrasos en los juicios y violaciones al derecho a la defensa que han sido característicos en estas investigaciones y el uso de figuras penales genéricas o dudosas como mecanismos de criminalización. Marcelo Crovato –destacó Romero- lleva más de un año privado de libertad, sin culminar siquiera su audiencia preliminar ante el tribunal. También se demostró que el aislamiento, la restricción indebida de visitas y falta de atención médica se han convertido en regulares en los casos de los presos por motivos políticos.
Llamó la atención también sobre el caso de Inés González, presa por tuitear, aún privada de su libertad.
Con respecto a los asesinatos, Romero indicó lo siguiente: “De nuestra investigación, hemos encontrado que hubo efectivamente 36 asesinatos relacionados directa o indirectamente con las manifestaciones de 2014 y 2015. 19 de estos fallecidos resultan de violaciones claras a los derechos humanos, sin investigación o sin resultados efectivos. También está el caso de José Alejandro Márquez, asesinado a golpes por oficiales de la Guardia del Pueblo en febrero de 2014 y los de Daniel Tinoco, Jesús Acosta, Roberto Redman, William Carballo, Guillermo Sánchez, en los que aún reina la impunidad”.
“Tenemos además documentados 138 casos de torturas o tratos crueles contra manifestantes”, concluyó.
Foro Penal Venezolano presenta su informe sobre violaciones de DDHH ante la ONU