Una delegación oficial de Venezuela dijo hoy en el Comité de Derechos Humanos de la ONU que el derecho a la manifestación y reunión están garantizados por la Constitución del país y son respetados, aunque señaló que no se trata de un derecho absoluto porque debe ejercerse de forma pacífica, reseña EFE.
Con un retraso de siete años, Venezuela presentó hoy su cuarto informe periódico ante ese órgano de Naciones Unidas, que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Con ese fin llegó a Ginebra una masiva delegación oficial, integrada por una treintena de funcionarios de diversas áreas del Estado, incluidos altos magistrados del Poder Judicial, viceministros, asesores de ministerios y representantes del sistema electoral, de las Fuerzas Armadas y del Ministerio Público.
A la cabeza de la delegación estuvo la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien señaló que si bien el derecho a la manifestación y reunión está consagrado en el ordenamiento jurídico del país, “está condicionado a que sea pacífico y sin armas”.
“Si estas condiciones están ausentes, deja de ser un derecho”, recalcó.
Aseguró que “en Venezuela es cotidiano que se realicen manifestaciones públicas” y que el deber de la policía es que no deriven “en la vulneración de los derechos de los demás”.
Ortega sostuvo que es en ese contexto que se debe entender “lo ocurrido en Venezuela en 2014”, en relación a las manifestaciones ciudadanas que terminaron en situaciones de gran violencia en las que murieron más de 40 personas.
La fiscal general describió esos eventos como “una ofensiva violenta” dirigida a “deponer a las autoridades legítimas” y que no tenían “nada que ver con el derecho a manifestar pacíficamente”.
“Es insólito que algunos medios de comunicación, voceros políticos e incluso supuestos defensores de derechos humanos justifiquen estos horrorosos crímenes y califiquen a sus autores como pacíficos manifestantes”, agregó.
La fiscal aseguró que el Estado venezolano no avala que los policías atenten contra los derechos humanos y reveló que entre enero y mayo pasados se ha imputado a 152 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad del Estado, se ha acusado a 110 y 53 han sido condenados.
Asimismo, recordó que en 2013 se promulgó una ley para el control de armas en manos del Estado y que, como parte de esta política, en 2014 se destruyeron más de 26.000 armas de fuego.
Sostuvo que tal medida complementa otras para desmantelar bandas delictivas armadas, que “nada tienen que ver con colectivos sociales que son agrupaciones civiles estigmatizadas a través de campañas discriminatorias racistas y clasistas”.
Durante el segmento dedicado a las preguntas de los miembros del Comité, el experto Víctor Rodríguez cuestionó las leyes que han delegado en el Poder Ejecutivo la potestad de emitir decretos ley que crean tipos penales.
Por otra parte, pidió a la delegación explicar “qué hará el Estado para que el defensor del pueblo sea elegido dentro de los estándares constitucionales”.
Rodríguez también aludió a informaciones que califican las cárceles de Venezuela entre “las más violentas de la región”, donde tienen lugar “conflictos entre poderes y autogobierno en algunas prisiones”.
A ese respecto, preguntó qué acciones se han tomado “para prevenir la violencia en las cárceles, ya que esto no se puede reducir a conflictos entre pandillas”.
Otro experto del Comité, Konstantine Vardzelashvili, se refirió a la delincuencia común que afecta a Venezuela, “con una tasa de homicidios muy altas, con algunas instituciones que hablan de 134 homicidios por cada 100.000 habitantes en Caracas”.
Por otra parte, lamentó que la Fiscalía no cuente con estadísticas de casos de torturas por parte de agentes policiales, a pesar de la abundante información que al respecto han recopilado ONG nacionales e internacionales.
El experto Olivier de Frouville elogió los avances sociales en Venezuela, pero al mismo tiempo dijo que se quedaba “boquiabierto cuando escucho sobre jueces detenidos y torturados”.
En ese sentido, dijo que el Gobierno venezolano “puede defender proyectos de justicia social evitando estos excesos que dan una muy mala imagen. Aunque un juez haga gala de hostilidad hacia el Estado, debe ser tratado con respecto”, recalcó.
La segunda parte de la sesión se desarrollará este martes, con las respuestas de la delegación y comentarios adicionales de los miembros del Comité.