Un enfrentamiento entre bandas de la droga operadas por integrantes de las Fuerzas Armadas venezolanas sirvió de detonante para que el régimen de Nicolás Maduro declarara el estado de excepción en el estado Táchira y redoblara allí las deportaciones masivas de colombianos indocumentados, dijeron fuentes familiarizadas con la situación.
Antonio María Delgado / El Nuevo Herald
Las operaciones en el estado fronterizo con Colombia, ejecutadas por cerca de 2,000 solados, son vistas con preocupación por observadores internacionales ante la elevada presencia de militares venezolanos en la frontera y el maltrato al que están siendo sometidas las familias deportadas.
“Esto afecta a decenas de miles de personas”, dijo desde Nueva York el ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Diego Arria. “Es una situación muy peligrosa, tener tantos militares venezolanos actuando de esta manera en la frontera”.
Las fuentes señalaron que el régimen de Caracas ya llevaba meses deportando a ciudadanos colombianos bajo el denominado “Dispositivo Especial Para el Control de Indocumentados”, lo que ha conducido a la detención de cerca de 12,000 de ellos, más de 4,000 de ellos provenientes de Táchira.
Pero las operaciones emprendidas en el estado tras el cierre de la frontera con Colombia han conducido a la deportación de cerca de 1,000 colombianos, incluyendo al menos a 139 menores de edad.
Maduro anunció las medidas el jueves de la semana pasada, tras anunciar que un ataque de presuntos contrabandistas había dejado tres uniformados y un civil herido.
Pero fuentes con información de inteligencia dijeron que el ataque tuvo características muy distintas.
“Se trató de una pelea entre carteles, entre efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército, y el ataque [intento de asesinato perpetrado por sicarios] se produjo porque el civil que se encontraba en el carro les estaba dando la casa donde guardaban el cash [dinero en efectivo]”, dijo una de las fuentes.
Oficiales clave de las Fuerzas Armadas e integrantes del gobierno están siendo investigados por las autoridades estadounidenses bajo sospecha de que éstos son los que han asumido el control de las mayores operaciones del narcotráfico en el país sudamericano.
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