Los directores de una de las empresas constructoras más importantes de España estaban encantados de haber conseguido una cita con Rafael Ramírez, presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), para hablar de sus planes para presentarse a la licitación de un proyecto de energía eléctrica de US$ 1.500 millones de la petrolera estatal venezolana.
Por José de Córdoba y Juan Forero / The Wall Street Journal
Pero cuando llegaron a la suite presidencial del JW Marriott Hotel en Caracas, quien los recibió no fue Ramírez sino su primo, Diego Salazar, dijeron dos personas que participaron en esa reunión de 2006. Salazar, dicen estas fuentes, fue directo al grano: si querían entrar en carrera, los españoles tenían que pagar por lo menos US$150 millones en sobornos. “Si no, deben regresar al aeropuerto”, les dijo Salazar, según una persona.
Los ejecutivos no aceptaron, pero muchos otros proveedores estaban dispuestos a seguir el juego en varios proyectos de PDVSA, dicen personas que trabajaron con la empresa antes de la salida de Ramírez, el año pasado.
Ahora, las autoridades estadounidenses han puesto en marcha una serie de investigaciones de amplio alcance sobre la posibilidad de que líderes venezolanos hayan usado PDVSA para saquear miles de millones de dólares del país a través de sobornos y otros ardides, dicen fuentes al tanto. Las investigaciones, realizadas por agencias federales en varias jurisdicciones de Estados Unidos, también tratan de determinar si PDVSA y sus cuentas bancarias en el extranjero fueron utilizadas para otros fines ilegales, incluidos el manejo de divisas en el mercado negro y el lavado de dinero del narcotráfico, dicen estas personas.
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