El Gobierno paraguayo expresó este miércoles su rechazo al “trato denigrante” que supuestamente recibieron Lilian Tintori y Antonieta Mendoza, esposa y madre respectivamente del opositor preso Leopoldo López, cuando lo visitaron en la cárcel de Ramo Verde en Venezuela.
EFE
“Paraguay de conformidad con los principios universales, condena la violación a los derechos humanos y el procedimiento humillante al que han sido sometidas estas personas en presencia de menores, violándose también los derechos de los niños”, dice el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Asunción.
Ambas aseguraron el martes que fueron sometidas a “hostigamientos” en los que se vieron involucrados los hijos de Tintori y López, de 3 y 6 años.
La nota añade que “Paraguay es respetuosa del principio de no intervención en cuestiones internas de otros Estados”, pero considera “inaceptable que países de nuestra región consientan éstas prácticas abominables cuando centramos nuestros esfuerzos y labor en pos de la defensa de la igualdad de género y el respeto a la condición de las mujeres en todo el mundo”.
El Ministerio hace también un llamado a las autoridades venezolanas “a fin de que tomen las medidas que correspondan con los responsables de los atropellos cometidos y que procedimientos de esta naturaleza no se repitan”.
Además reitera el compromiso asumido por los jefes de Estado en la reciente Cumbre del Mercosur, celebrada en diciembre en Asunción y referente al respeto a la promoción y protección de los derechos humanos en el bloque, al que pertenecen Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.
Lilian Tintori visitó Paraguay, donde fue recibida por el presidente del país, Horacio Cartes, días antes de celebrarse las legislativas en Venezuela, en las que triunfó la oposición.
Entonces denunció que cada vez que visitaba a su marido era humillada y desnudada.
Su esposo, líder del partido Voluntad Popular, fue condenado en septiembre pasado a casi 14 años de prisión por instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio por los hechos violentos que se produjeron al término de una marcha a la que convocó el 12 de febrero de 2014, en una jornada que se saldó con tres muertos.