Un venezolano de 21 años murió el sábado baleado en una protesta por comida en el oriental estado Sucre, informó un grupo de derechos humanos, con lo que el saldo de víctimas fatales en la última semana de saqueos y disturbios llegó a tres personas, reseña Reuters.
Provea, una organización no gubernamental, dijo en un comunicado que Josmel Fuentes de 21 años murió a causa de un disparo en la comunidad de Cerezal, donde los pobladores habían trancado una carretera para protestar por la escasez de comida.
El grupo denunció, recogiendo testimonios de los pobladores de la remota comunidad, que la protesta fue reprimida por uniformados, entre ellos Guardia Nacional y policía del estado Sucre, con armas de fuego.
“Frente a la protesta apareció la Guardia Nacional, pero no con equipo antimotín. Aparecieron unos 50 efectivos con fusiles y funcionarios de la policía”, dijo el lunes Mariano Alvarado, activista de derechos humanos y asesor del grupo.
“Dispararon al aire, pero después cuando dispersaron la protesta y la gente reaccionó lanzando botellas y piedras, dispararon sus fusiles. Hay videos de lo sucedido y casas con impactos”, agregó. Allegados de la víctima dijeron que el joven murió de un disparo en la pierna, presuntamente por una arma de alto calibre tipo fusil, que le atravesó la arteria femoral.
Reuters no pudo confirmar de manera independiente el suceso.
La fiscalía venezolana había dicho el domingo que inició las investigaciones para esclarecer la muerte de Fuentes en medio de “una situación irregular”, sin ofrecer más detalles.
Videos en las redes sociales muestran a funcionarios disparando sus armas en contra de manifestantes desarmados.
La semana pasada otro joven de 21 años murió por disparos durante refriegas en un barrio pobre de la capital, Petare, que es uno de los más grandes de Latinoamérica. Y un policía fue acusado en el Táchira por abatir a una mujer en un saqueo.
Aunque no hay cifras oficiales, más de 10 saqueos ocurren todos los días en el país petrolero, uno de los más violentos del mundo, según el grupo privado Observatorio Venezolano de la Violencia.
El país atraviesa un complejo panorama de altos precios, recesión y escasez. Esa falta de productos de consumo masivo ha llevado a millones de venezolanos a pasar horas en largas filas frente a supermercados y abastos, pero cada vez más los compradores frustrados terminan con las manos vacías y optan por protestar en las calles.
Comunicado de Provea
Esta semana quedó más que evidenciado el proceso de creciente represión contra los pobres que se vive en el país. Además de las víctimas por ejecuciones policiales que semanalmente se reportan en el marco de los operativos OLP se le sumó esta semana el asesinato por parte de organismos de seguridad del Estado de tres personas en protestas, informa Provea.
La primera víctima fue la señora Jenny Elizabeth Ortiz Gómez de 42 años quien murió a consecuencia de disparos de perdigones en su rostro. El Ministerio Público imputó como presunto responsable al funcionario Yeisy Reneé Burgos Moreno de la policía del estado Táchira. La segunda víctima asesinada presuntamente por la Guardia Nacional Bolivariana se produjo el pasado jueves cuando fue reprimido intentos de saqueo en Petare, estado Miranda. Fue asesinado el joven José Antonio Tovar de 21 años y resultaron varias personas heridas de bala. Hoy sábado 11 de junio confirmamos con habitantes de Cerezal estado Sucre el asesinato del joven Luis Josmel Fuentes de 21 años. La población responsabiliza a la Guardia Nacional Bolivariana por el asesinato y además aproximadamente 10 personas resultaron heridas por perdigones y balas.
No hay duda que se está disparando contra los manifestantes en las protestas. Además de este saldo de víctimas, en videos que circularon de la represión contra protestas en la Parroquia La Vega en la ciudad de Caracas se pudo observar a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana usando armas en el control de esa protesta.
La forma como vienen actuando los cuerpos armados del Estado en el control de manifestaciones es consecuencia de la creciente represión que se vive en el país, la ejecución del estado de excepción y de la Resolución 08610 mediante la cual el gobierno autoriza a los cuerpos policiales y la Fuerza Armada a usar armas en el control de manifestaciones. Ya habíamos denunciado en su oportunidad las graves consecuencias que para los derechos humanos tendría la aplicación de dicha Resolución.
Exhortamos una vez más al defensor del Pueblo Tarek Willian Saaab que alce su voz contra la represión creciente en el país. Debe entender el defensor que su silencio cuesta vidas. Mientras guarde silencio ante graves atropellos a los derechos humanos, el gobierno se sentirá con plena libertad de seguir arremetiendo contra los pobres y otros sectores de la población.
Reconocemos la rápida actuación del Ministerio Público para investigar el asesinato de la señora Jenny Elizabeth Ortiz Gómez y la designación de fiscales para los otros dos asesinatos. Exigimos una investigación imparcial y que se establezcan las responsabilidades y sanciones correspondientes.
Reclamamos al presidente Nicolás Maduro que cese a la represión y que garantice la actuación de los cuerpos de seguridad en el marco de la Constitución y del pleno respeto a los derechos humanos.
Prensa Provea. 11 de junio 2016.