La Cámara de la Construcción del estado Bolívar (CCEB) sostiene que el sector se mantiene en crisis. En vista de que no se han tomado decisiones acertadas, cada día incrementan los problemas en este importante eslabón que cobra especial importancia en el crecimiento de un país.
Nota de prensa Cámara de la Construcción estado Bolívar
Los dos primeros trimestres de 2016 se suman a los 23 trimestres de caída continua que ha sufrido el sector durante los últimos años, como consecuencia de situaciones que perturban directa e indirectamente: escasez de los materiales requeridos en las obras, trámites y permisologías que se prolongan en el tiempo estipulado para entregar una obra, así como una serie de leyes punitivas que, de alguna manera, alejan las posibilidades de apoyar positivamente a quienes apuestan al desarrollo de la construcción en la región.
Oscar Gómez, presidente del órgano gremial, dijo que en el estado Bolívar hay un grupo que defiende sus preceptos empresariales, no solo promoviendo la inversión sino educando a sus trabajadores para que no se rindan, “pero son solo aquellos que tienen compromisos con sus clientes, compromisos asociados a la construcción de algún inmueble, residencial o comercial, y que por ley se ven obligados a culminar y entregar el producto final”, aclaró.
Al mismo tiempo, aseguró que estos empresarios se han visto “notablemente afectados” por las situaciones que han quebrantado el sector, lo que se puede evidenciar en los incumplimientos de algunas entregas, según fechas señaladas en los documentos protocolizados.
El gremialista también confirmó la ausencia de los materiales de construcción en los establecimientos comerciales, pues los proveedores no han podido responder a la demanda. Encabezando la lista ubicó el cemento gris y las cabillas de 3/8 pulgadas y ½ pulgada, usadas para la construcción de viviendas unifamiliares.
Igualmente, destacó la falta de materiales de PVC para plomería y electricidad. “Lo poco que hay se consigue a precios que varían constantemente. Conductores eléctricos, revestimiento, pinturas, entre otros productos, se hallan a costos muy elevados”, agregó Gómez al tiempo que lamentó que no exista un “verdadero control” por parte de la Superintendencia de Precios Justos en este ramo.
Reimpulso
¿Las empresas básicas de Guayana no ayudan? La respuesta de Gómez es clara: no. La baja producción que registra el parque industrial local afecta considerablemente el desarrollo de las obras. Sidor, por ejemplo, lleva unos meses paralizada; al convertirse en uno de los principales proveedores retrasa la ejecución de los trabajos en vista de que no puede responder.
“Las empresas deben dar su aporte, son nuestros principales proveedores de materia prima para la elaboración de cabilla, láminas para marcos y puertas, láminas para la fabricación de perfiles livianos y estructurales, todos estos requeridos para la industria de la construcción en sus diferentes etapas; estando operativas en un 20% la situación se vuelve más crítica”, explicó el Presidente de la CCEB.
Citó el caso de las empresas del aluminio, Alcasa y Venalum, que aportan materia prima para la fabricación de conductores eléctricos como arvidal, perfiles de aluminio para ventanales, puertas, divisiones de espacios, entre otros; estas, al verse afectadas en su producción, prorrogan los compromisos de las constructoras, y se ahí se deslindan otros problemas que impiden el cumplimiento oportuno.
De hecho, los empresarios que levantan obras en Guayana se mantienen “en tres y dos” ya que si no existe el suministro pertinente de los materiales, cuyos principales proveedores son administrados por el Gobierno nacional, se ven en la necesidad de retirar al “personal ocioso” de los centros de trabajo para que no aumenten los pasivos laborales. Este escenario no se dibuja en la localidad, también en otras entidades del país.
Precios por debajo
Por otra parte, el Estado ha aprobado créditos en varias ocasiones para apoyar la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), especialmente para construir urbanismos, viviendas unifamiliares y multifamiliares, siendo este proyecto el que mantiene operativo al sector.
Gómez explicó que para evaluar si realmente el sector construcción se ha beneficiado hay que tener en cuenta que en “el Ejecutivo nacional incrementó el financiamiento de viviendas de corte social de cinco pisos y sin ascensor, cuyos apartamentos de 50 metros cuadrados (M2) de superficie en 60.000 Bs/M2 para las constructoras nacionales, es decir Bs. 3.000.000,00. Mientras que fijó en 1.500,00 dólares por M2 para las constructoras internacionales que participan en la GMVV. Con el mismo apartamento de 50 M2 estamos hablando de 75.000,00 dólares”, caso digno de analizar.
Con esto el empresario quiere decir que mientras los extranjeros construyen un apartamento, los nacionales están obligados a construir 14 apartamentos prácticamente con las mismas características, lo que significa que no hay comparación entre el precio pagado a los nacionales y el que se les paga a los extranjeros.
Estudios de diferentes cámaras venezolanas, liderados por la Cámara Venezolana de Construcción, estiman que el precio mínimo de construcción es de Bs. 300.000 por metro cuadrado, es decir, un apartamento de 50 M2 estaría por el orden de Bs. 15.000.000,00, muy por debajo de lo cancelado a constructoras extranjeras.
La paupérrima producción de materiales de construcción, el cierre de empresas por falta de divisas y la decepción de los empresarios que han dejado el país, compromete el progreso de Venezuela, por lo que representantes del sector privado exigen al Gobierno nacional un diálogo sincero que permita buscar soluciones reales a la grave situación económica que agobia a la ciudadanía.