Amnistía International (AI) dijo hoy que La resolución 9855, publicada en la Gaceta Oficial N.º 40950, de fecha 22 de julio que establece que cualquier empleado puede ser obligado a trabajar en tareas de agricultura como forma de luchar contra la crisis alimentaria en el país equivale a trabajo forzado.
La directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas, aseveró que “intentar abordar la severa falta de alimentos en Venezuela forzando a la gente a trabajar en el campo es como intentar curar una pierna quebrada con una curita”.
“El nuevo decreto es completamente inútil en cuanto a encontrar formas para que Venezuela pueda salir de la crisis en la que ha estado sumergida por años (…) las autoridades Venezolanas deben enfocarse en pedir y llevar de manera urgente la ayuda humanitaria que millones de personas necesitan en todo el país y desarrollar un proyecto efectivo a largo plazo para abordar esta crisis.”, concluyó.
El decreto, oficialmente publicado esta semana, establece que aquellas personas que trabajen en empresas públicas y privadas pueden ser llamadas a trabajar en organizaciones estatales especializadas en la producción de alimentos.
Además, establece que deberán trabajar temporalmente en estas compañías por un mínimo de 60 días, cuando sus “contratos” pueden ser renovados automáticamente por un período extra de 60 días o se les permitirá regresar a sus trabajos originales.
El problema del desabastecimiento de productos básicos en Venezuela se inició hace poco más de tres años y se ha ido agravando con el paso de los meses. EFE