A 48 horas de la marcha en Caracas para exigir la pronta realización del referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro crecen las acusaciones del oficialismo sobre eventuales actos de violencia y las denuncias de la oposición de una persecución a sus dirigentes.
Fabiola Sánchez / AP
La detención la víspera del integrante de Voluntad Popular Yon Goicoechea, acusado por un dirigente oficialista tener en su poder “cordones detonantes para explosivos”, encendió la alarma en la oposición venezolana.
Su arresto coincidió con el ataque con bombas incendiarias y excremento que sufrió la madrugada del martes la sede del diario El Nacional, fuerte crítico del gobierno, y la situación que enfrentaron el lunes cinco trabajadores de la cadena de noticias árabe Al Jazeera que fueron retenidos por las autoridades en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, según indicó en su cuenta de Twitter el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.
Este martes también fue detenido el dirigente opositor Carlos Melo, en un operativo realizado por la policía política, Sebin.
Las autoridades no han ofrecido hasta el momento comentarios sobre esos hechos.
“Hay un desborde represivo por parte de la cúpula gobernante”, afirmó el martes el secretario ejecutivo de la alianza opositora Jesús Torrealba al condenar el arresto de Goicoechea y el allanamiento de las viviendas de otros dos dirigentes de Voluntad Popular.
A ello se sumó la anulación el sábado del arresto domiciliario del exalcalde Daniel Ceballos, también dirigente de Voluntad Popular, quien fue trasladado a una cárcel del centro del país acusado de estar preparando una supuesta fuga.
Torrealba admitió que las horas previas a la marcha del 1 de septiembre son de “peligro” y sostuvo que el gobierno está “desesperado” por la severa crisis económica que enfrenta el país y la caída en la popularidad de Maduro, que ronda el 20% según las principales encuestadoras locales.
El dirigente descartó una eventual situación de violencia y dijo a The Associated Press que “a lo que más le tiene miedo el pueblo venezolano es a que continúe el mandato de Maduro”.
“El 1 de septiembre no es el final de nada. Es el inicio de un proceso, de una fase que será muy probablemente definitiva en esta crisis política”, indicó Torrealba.
La oposición utilizará la movilización para impulsar la recolección en las próximas semanas de las firmas de 20% de los electores necesarias para activar el referendo contra Maduro.
La oposición apuesta a realizar este año la consulta, pero el cronograma que planteó el Consejo Nacional Electoral ha generado dudas de que el referendo pueda darse antes del 10 de enero de 2017, cuando se completará más de la mitad del mandato de Maduro. La constitución establece que de realizarse el referendo luego de superarse más de la mitad del período presidencial los dos últimos años de gobierno deben ser completados por el vicepresidente.
Algunos analistas estiman que para la oposición es crucial lograr una masiva participación en la marcha para presionar desde las calles la realización del referendo este año.
El ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, anunció el martes que de acuerdo con informaciones de inteligencia se presume que en la concentración opositora “se ejecuten actos de violencia y de desestabilización”.
Reverol indicó, sin ofrecer más detalles, que se aplicará un conjunto de acciones para garantizar el orden. Las autoridades suspendieron entre el 27 agosto y el 5 de septiembre los vuelos privados y de drones sobre la capital.
“Nosotros vamos al contrataque. Nosotros vamos a la batalla y vamos a la victoria”, afirmó el prominente dirigente oficialista, el diputado Diosdado Cabello.
“Todo aquel que esté participando activamente en el golpe de Estado, llámese como se llame, tenga plata o no tenga, se ponga sotana o no se ponga, va a ir a la cárcel”, dijo Cabello.
El diputado advirtió que el oficialismo saldrá a las calles de Caracas en los próximos dos días con el objetivo de defender la capital como “bastión principal de la revolución”.
Las autoridades descartaron que vayan a autorizar a la oposición marchar por Caracas, lo que limitaría la movilización de los sectores adversos al gobierno al este de la ciudad, que es controlada por alcaldes opositores.