No es secreto para el mundo que después de los hechos ocurridos en abril de 2002 Venezuela se vio sumida en una ola de persecuciones políticas.
Tras aquel 11 de abril, que para unos fue una matanza mientras que para otros un golpe de Estado, se evidenció aún más las tiranías del régimen totalitario que gobierna el país, dejando hasta la fecha 118 presos políticos, 41 con problemas de salud y 7.000 ciudadanos bajo medidas cautelares, prohibición de salida y régimen de presentación.
El primero en ser acusado formalmente fue el funcionario de la policías Metropolitana, Erasmo José Bolívar, al que se le imputó homicidio calificado en grado de complicidad y fue sentenciado a 30 años de cárcel. Igualmente, ocurrió con Luis Herrera Molina, Arube José Pérez, Marco Hurtado, Hector Rovaín, Juan Bautista Guevara e Ivaán Simonovis, quienes fueron acusados de los mismos cargos, en el transcurso de los años 2003 y 2004 y ordenadas por el expresidente, Hugo Rafael Chávez Frías.
Otra caso que se politizó, y hasta la fecha se desconoce a ciencia cierta lo ocurrido, fue la muerte del fiscal Danilo Anderson, adjudicándole el homicidio a los comisarios Otoniel José Pérez y Rolando Jesús Guevara, quienes actualmente cumplen condena de 27 años de prisión en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, en El Helicoide.
Con el paso de los años los casos y las listas de persecuciones, represiones y hostigamientos se acrecentaron, continuando en 2014. Un caso muy emblemático, para ese momento, fueron las detenciones en la población de Cumanacoa, donde dos jóvenes fueron privados de libertad y acusados por el fiscal Flanklin Nives de homicidio simple.
Hay que recordar, que en Cumanacoa las personas se encontraban caceroleando cuando un grupo de violentos perturbaron la actividad que había sido convocada por la oposición venezolana a nivel Nacional.
El teniente coronel retirado de la Guardia Nacional, José de Jesús Gámez Bustamante, fue otro de los destinado a una celda por estar en contra Chávez. En este caso, fue acusado por estar detrás de la planificación de saqueos en el país, orquestando destruir Mercal, Pdval y Bicentenarios, según alegó el primer mandatario de la época.
Un punto importante que a resaltar, en las persecuciones del régimen, es que no importa a que sector de la sociedad se pertenezca si se está en contra de la llamada “revolución bolivariana”. Eso le ocurrió a Leocenis García, al que se le acusó de evasión fiscal, legitimación de capitales y operación ilícita cambiaria.
García es un periodista y empresario, quien para el momento de su detención fungía como director del semanario 6to Poder, medio de comunicación opositor al Gobierno. Aunque fue detenido en 2014, Chávez lo acusó públicamente en 2008 lo que le propinó cinco encarcelamientos previos al mandato de Nicolás Maduro.
Al fallecer Chávez y asumir la presidencia de la República Maduro, las persecuciones políticas se incrementaron, el descontento popular creció lo que llevó al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, a convocar a una manifestación de calle donde el principal objetivo era: La Salida.
Para aquel momento, Venezuela se empezaba a precipitar hacia un abismo, situación que no solo predecía López sino muchos de los venezolanos que día a días vivían las penurias de conseguir alimentos, medicinas, seguridad y calidad en los servicios públicos.
Esa convocatoria hecha para el 12 de febrero de 2014, fecha emblemática en el país por ser el día de la juventud, le costó la libertad no solo a Leopoldo López sino a cientos de jóvenes en toda Venezuela.
Tras estos hechos la acusación principal para detener a muchas de estas personas fue el de agavillamiento y espionaje indiciario.
Los meses transcurrido después de febrero de 2014 fueron inmortalizados por la nueva oleada de encarcelamientos por parte del régimen. Desacato, rebelión, asociación a delinquir, obstrucción de la vía pública, daños a propiedad son los cargos imputados a más 50 venezolanos que levantaron sus voces en contra del actual Gobierno.
Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, fue uno de los acusados por desacato. Al burgomaestre se le ordenó frenar una manifestación opositora en su municipio, orden que se negó a cumplir y por lo que se le sentenció a 12 de meses prisión y, actualmente, dos años después continúa privado de libertad.
Esta irregularidad ocurrida con Ceballos está presente en muchos otros casos más. Donde pese a que han pasado los tiempos legales se encuentran en etapa de juicio.
Otro preso político de gran envergadura es el ex gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, quien estuvo seis años en el exilio, volvió al país en 2015 donde fue retenido por el Sebin a su llegada al aeropuerto de Maiquetía, y se le acusa de enriquecimiento ilícito con ocasión a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, corrupción y malversación de fondos.
Pero, todavía continúan los hostigamientos. Luego de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 se acentuaron las persecuciones. Dos de los infortunados en esta oportunidad fueron Humbertos Yosuino y Javier Infante, indígenas de Amazonas, acusados de instigación a delinquir.
Otro detenido emblemático, y al cual todavía se desconoce los cargos de su privativa de libertad es el del comisario Ángel Coromoto Rodríguez, quien fungía como Jefe de Seguridad del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup.
Cabe recordar, desde que el secretario general de Acción Democrática asumió la presidencia de la AN, muchos han sido los impases que ha tenido con personeros del Gobierno, lo que llevó no solo a la detención de Coromoto por ser parte de su círculo cercano, sino también de Alejandro Puglia, Director de la Oficina de Seguimiento y Evaluación de la Asamblea Nacional, a fin de amedrentar al parlamentario.
De igual modo, el Gobierno mantiene su intimidación actualmente, al detener a Yon Goicoechea, opositor de este régimen desde el mandato de Chávez, donde se desarrolló como uno de los principales dirigentes estudiantiles para las protestas de 2008.
Goicoechea estuvo fuera del país por casi cinco años y a su regreso a Venezuela fue emboscado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, quienes presuntamente le sembraron cordones detonantes para explosivos.
En este caso, hay que destacar que el dirigente político fue galardonado con el premio Milton Friedman, que se otorga por la promoción de las libertades individuales.
Otro de los emboscados, sembrado y retenido bajo engaño fue el del dirigente Carlos Melo, a quien lo bajaron de su vehículo cuando ingresaba a un centro comercial de la ciudad Capital.
A medida que el régimen continúa perdiendo credibilidad y seguidores, la manera que han conseguido para mantenerse en el país es la represión. Muestra de ellos fue lo ocurrido con el periodista Braulio Jatar, que por publicar un video donde el primer mandatario estaba siendo caceroleado, en la población de Santa Rosa en la isla de Margarita, fue encarcelado.
Caso similar le ocurrió a los alcaldes Orlando Hernández del municipio Mellado, y Pedro Loreto del Leonardo Infante (Guárico). Así como también, cinco jóvenes de Primero Justicia que se encontraban volanteando y fueron retenidos en el estado Zulia, siendo Edgar Yari, Andrés Yari, María Martínez, Jovany Carmona las detenciones más recientes, producidas en lo que va de septiembre de 2016.
Venezuela: 118 presos políticos, 41 con problemas de salud y 7.000 con medidas de restricción