Venezuela está en una situación terrible. La inflación y el desabastecimiento empeoran y dos tercios de los votantes dicen en los sondeos que quieren que el presidente, Nicolás Maduro, se marche. Daría la impresión de que la tarea de la oposición debería ser sencilla.
Por HANNAH DREIER, Associated Press
Sin embargo, las voces críticas del gobierno socialista que dirige el país desde hace 17 años se quedaron desubicadas después de que el organismo electoral hiciera naufragar su principal iniciativa política del año: una campaña para revocar a Maduro y convocar elecciones presidenciales.
Las autoridades electorales indicaron la semana pasada que la oposición podía seguir adelante en su esfuerzo por lograr el referendo revocatorio reuniendo firmas del 20% de los votantes en tres días al final de octubre. Pero si tienen éxito, el referendo no se celebraría hasta el año que viene.
Esa decisión prácticamente garantiza que los socialistas seguirán en el poder hasta el siguiente ciclo de elecciones presidenciales, en 2018. Si Maduro no es revocado antes de la mitad de su mandato, que se cumple a final de este año, la ley establece que debe ser reemplazado por su vicepresidente en lugar de adelantar las elecciones.
El veredicto ha dividido a la siempre fragmentada coalición de Unidad Democrática, que agrupa a tres docenas de partidos opositores. Algunos quieren seguir adelante con la recolección de firmas como demostración de fuerza, mientras que otros dicen que la decisión del organismo electoral confirma lo que dijeron desde el principio: que operar dentro de un sistema controlado por el partido gobernante no tiene sentido y que Venezuela necesita una nueva ronda de protestas callejeras.
Los líderes de la oposición pasaron el fin de semana reunidos en un lujoso hotel en el acomodado este de Caracas para decidir cómo proceder. Se esperaba que hicieran un anuncio el lunes por la tarde.
No todos acataron el llamado del secretario general de Unidad Democrática, Jesús Torrealba, de evitar declaraciones hasta que se haya decidido el próximo paso.
“Es hora de la desobediencia cívica”, escribió en Twitter la excandidata a la presidencia María Corina Machado.
Otros opositores de línea dura se sumaron a Machado al afirmar que las normas escritas por el gobierno impiden reunir los 4 millones de firmas necesarios para convocar el referendo revocatorio. Las autoridades electorales requieren a la oposición que reúna firmas del 20% del electorado en cada uno de los estados, en lugar de ese porcentaje en todo el país. También tienen previsto abrir los centros para verificar de forma electrónica las huellas dactilares de los firmantes durante apenas siete horas al día del 26 al 28 de octubre, con una hora de descanso para comer.
La oposición también afirma que no habrá ni de lejos centros suficientes para registrar las huellas. Por ejemplo, el remoto estado selvático de Delta Amacuro tendrá apenas 10. En todo el país habrá 5.400, un cuarto de lo que pedía la oposición.
La decisión del consejo electoral ha sido condenada a nivel internacional. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, John Kirby, dijo que las condiciones “privan a los ciudadanos venezolanos de la oportunidad de dar forma al rumbo de su país”. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, acusó a las autoridades electorales de fomentar la erosión de los derechos democráticos en Venezuela.
La clase profesional venezolana que supone el núcleo de apoyo a la oposición busca con ansia una respuesta rápida. Los candidatos contrarios a Maduro arrasaron en las elecciones legislativas de diciembre, en la peor derrota hasta la fecha para el movimiento iniciado por el fallecido Hugo Chávez. Sin embargo, los nuevos parlamentarios se vieron impotentes cuando el Tribunal Supremo, lleno de partidarios del gobierno, bloqueó su capacidad de maniobra.
Entre tanto, la economía sólo se ha sumido más en su caída libre ante un precio del petróleo que se mantiene bajo. Muchos productos básicos de alimentación y medicamentos se han vuelto imposibles de encontrar fuera del mercado negro, lo que hundió los índices de aprobación de Maduro al 21%, el mínimo en nueve meses.
Óscar Rangel, que trabaja en el sector de la energía, dijo que la noticia de que el referendo no se celebrará este año había sido desalentadora para gente que necesita con ansia algo de esperanza.
“Tengo dos familiares con cáncer en Caracas. Sin el referendo, no veo una forma en que puedan conseguir el tratamiento que necesitan”, dijo.
Tras ver cómo la energía de las protestas contra el gobierno en 2014 se desvanecía ante la represión oficialista, la oposición estaba recuperando impulso. Cientos de miles de manifestantes partidarios del referendo tomaron las calles de caracas el 1 de septiembre, en la mayor protesta callejera en varios años.
Pero las manifestaciones posteriores han tenido menos asistencia. La inconsistente capacidad de la oposición para movilizar a sus seguidores quedó patente la misma noche del 1 de septiembre: En una plaza que es el bastión tradicional de la oposición, sólo podía oírse a unos pocos que respondieron la convocatoria a protestar con una cacerolada.
El analista político Dimitris Pantoulas dijo que si la oposición sigue adelante con su campaña de reunir firmas, el resultado de esos tres días en octubre decidirá el futuro de Venezuela para los próximos tres años.
“El gobierno se lo está jugando todo a esto, y la oposición también”, comentó el experto. “Si la oposición no consigue el 20%, habrá perdido su arma más poderosa. ¿Cómo va a pedir a un presidente que renuncie si no puede conseguir siquiera el apoyo del 20% del electorado?”.
La periodista de Associated Press Fabiola Sánchez contribuyó a este despacho.