Apenas llegando de la sesión plenaria, nos percatamos de tres distintos correos que llaman la atención en torno a nuestro supuesto silencio en el debate sobre el presupuesto 2017. Quizá valga precisar, por una parte, que procuramos intervenir en la Asamblea Nacional cuando es necesario y la oportunidad se ofrece, intentando aportar alguna novedad, pues, un buen desempeño de la curul no implica versar sobre todos los tópicos posibles, tronar maniáticamente con el micrófono de espaldas a la correlación de fuerzas existente, agotar al extremo un recurso que se reduciría a un gesto histriónico, estridente y vanidoso.
La discusión sobre el presupuesto, por otra, contó con buenas intervenciones de la bancada opositora que, nuevamente, demostró las flaquezas de un oficialismo que, por cierto, carece de oradores de impacto y profundidad. Nos sentimos interpretados con lo referido en la plenaria del 19 de los corrientes, aunque no hubo asomo de una perspectiva que también hemos hecho nuestra: la configuración de un delito, el de la autopresupuestación, contra el patrimonio público, cuya acción penal es imprescriptible de acuerdo a la Constitución de la República.
Cierto, a veces, luce importante dejar una suerte de constancia notarial de los anteriores planteamientos que hacemos fuera del hemiciclo, porque – sencillamente – las declaraciones o columnas de prensa no entran al Diario de Debates. Sin embargo, estudiosos de los viejos diarios, por extendidos que fuesen según la sabia disposición reglamentaria que los permitía tan hondos y libérrimos, no entendemos aquellos discursos, memorables o no, sin el contexto de una opinión pública en la que el discursante los anunciaba, abonaba y perfeccionaba.
Además, para quienes tenemos una básica vocación por el tintero, no esperamos a que se abra el escenario asambleario para contribuir modestamente con la polémica y, así, desde hace dos o tres meses, hemos tocado el problema del presupuesto o, mejor, de la institución presupuestaria, advirtiendo un poco lo que ya se veía venir, y equiparando su importancia a la exigencia y consecuencia misma de la solicitud revocatoria. Al respecto, insistimos en que, algo más que una anécdota, la concepción y ejecución del tal “presupuesto soberano”, acentuado un remoquete propio del régimen, le traerá serias implicaciones, dignas de un sepelio político.
Los leguleyos de ocasión, intentan cualesquiera argumentos que la ignorante ocurrencia suele dictar. Ya no hay juridicidad alguna en los actos de gobierno, sino la aventurada desesperación por darle cierto barníz y pulitura al Estado No Constitucional que somos.
@LuisBarraganJ