Al cumplirse dos años de un tiroteo que conmocionó a EE.UU., el que casi acaba con la vida de la congresista Gabrielle Giffords, y menos de un mes después de la masacre en una escuela primaria de Newtown (Connecticut), el país aún debate sobre las causas y las soluciones a la violencia de las armas.
Jairo Mejía/EFE
Tras aquel 8 de enero de 2011 en Tucson (Arizona), en el que Jared Loughner, con problemas mentales, mató a 6 personas y dejó a Giffords con secuelas de por vida por un tiro en la cabeza, se han producido más de una decena de masacres a tiros en EE.UU., la última la que acabó con la vida de 20 niños entre 6 y 7 años en Newtown.
“En respuesta a la serie de tiroteos que han sembrado de terror a nuestras comunidades, provocado decenas de miles de víctimas…el Congreso ha hecho algo extraordinario: absolutamente nada”, indicaba hoy un editorial firmado por Giffords y su marido, Mark Kelly, en el USA Today.
Ambos acaban de crear un grupo de acción política, Americans for Responsible Solutions, para pedir medidas y hacer frente a los grupos de presión que alardean que la posesión de armas y la laxitud actual en la normativa es parte esencial del sistema estadounidense.
La poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés), defensora a ultranza de la segunda enmienda de la Constitución, que protege la tenencia de armas, y de mínimos controles a las mismas, ha intentado enfriar el debate sobre la necesidad de más regulación pese a los alrededor 30.000 muertos anuales por las balas.
Giffords y su marido, astronauta retirado, han iniciado una campaña para pedir nuevas regulaciones y su primera visita fue a los familiares del tiroteo el mes pasado en Newtown, donde murieron 28 personas, entre ellas el atacante, un joven de 20 años, que se suicidó.
En una entrevista exclusiva hoy en el canal ABC, Kelly lamentaba que Estados Unidos ha llegado a un punto en el que “el 85 % de los niños muertos por armas de fuego en el mundo son estadounidenses”.
Para la NRA la solución es poner guardias armados en las escuelas del país, sin que cuestione la libertad para adquirir armas y rechazando a los que defienden que, sin poner en cuestión la segunda enmienda, se prohíba la venta de armas de asalto, de cargadores de alta capacidad y se refuercen los exámenes de salud mental y de antecedentes.
Mientras tanto la violencia sigue siendo protagonista en las televisiones estadounidenses, que hoy resumían la vista preliminar contra James Holmes por la muerte de 12 personas en un tiroteo en julio pasado en un cine de Aurora (Colorado), cuando se proyectaba la última secuela de Batman.
Una grabación de los teléfonos de emergencia reproducida hoy por la Fiscalía en la sala del tribunal permite escuchar las llamadas desesperadas de los asistentes a la sala y contar 30 disparos en 27 segundos, debido a que el atacante iba pertrechado como un agente de las fuerzas especiales, con un fusil de asalto y cargadores especiales.
Los detalles del arsenal y el macabro plan que tejió Holmes no dejan de sorprender a los investigadores y dar argumentos a los que piden cambios de las leyes, que tras el tiroteo de Aurora, la Casa Blanca no consideró necesarios.
Holmes dejó en su apartamento una trampa explosiva mortal, con jarras de napalm casero, con metralla y termita, una mezcla pirotécnica que alcanza temperaturas tales que el agua no la puede sofocar.
El debate sigue vivo y la Casa Blanca trabaja para que, como prometió el presidente de EE.UU., Barack Obama, antes de final de mes haya sobre la mesa un conjunto de recomendaciones para evitar masacres como las que ya se han vuelto habituales.
El vicepresidente del país, Joe Biden, que encabeza el grupo de trabajo, se reúne desde mañana con grupos de víctimas de las armas, organizaciones de seguridad y que promueven la tenencia de armas, entre ellas el poderoso NRA, para encontrar soluciones consensuadas.
La Casa Blanca podría ir más allá que simplemente restaurar la prohibición, vigente entre 1994 y 2004, de vender armas semiautomáticas de tipo militar y de cargadores de alta capacidad.
Según el diario Washington Post podría pedir chequeos de antecedentes y mentales más rigurosos, una base de datos de venta y movimiento de armas y multas más onerosas por dar armas a menores.
Esa batalla ya la han iniciado Giffords y su marido con el nuevo comité de acción con el que intentan hacer frente al poder de la NRA y de otros grupos que consideran que cualquier nueva regulación es un abuso del poder federal.
Sufriendo por expresar sus ideas, debido a sus problemas en el habla, pero con su entendimiento en plena forma, a la pregunta en su entrevista en ABC sobre qué opinaba de la masacre de Newtown, Giffords respondió: “suficiente”. EFE