Por su harta repetición en los medios de prensa en estos últimos días, se conocen los artículos de la Constitución venezolana que prescriben el modo en que han de conducirse los trámites institucionales para la asunción al mando presidencial del candidato electo para la primera magistratura en ese país, o sea, en este caso, el reelecto Hugo Chávez.
El mismo se halla en estado de coma, inhabilitado por tanto de modo irreversible para cumplir con las fórmulas legales previstas para el día de hoy, 10 de enero de 2013. Como no está en condiciones de tomar posesión formal del cargo, en Venezuela deben seguirse las prescripciones constitucionales previstas para casos como este, que indican que asume el mando del gobierno el presidente de la Asamblea Nacional y convoca a comicios generales dentro de los primeros treinta días siguientes.
Pero este presidente que debe ser sustituto es el señor Diosdado Cabello, miembro del partido chavista pero rival de Nicolás Maduro, vicepresidente impuesto por Chávez en la aspiración a la sucesión del trono. Atendiendo a que Maduro, a su vez, no desea que su adversario se haga con el mando, aunque fuese por tiempo limitado, se permitió interpretar a su modo la situación y recurrir a un artilugio argumental sacado de la galera del mago: él y sus seguidores afirman que puesto que Hugo Chávez está vivo, que no hizo renuncia del cargo, que se halla con permiso del Legislativo venezolano, que este organismo tiene atribución de prolongar el permiso presidencial y, por consiguiente, se infiere que es factible postergar la formalidad de la toma de posesión prevista, ¡por la Constitución!, para el 10 de enero.
No es necesario ser jurista ni demasiado astuto para comprender cabalmente cuán grosera es la violación a la carta fundamental de Venezuela que están perpetrando los chavistas partidarios de Nicolás Maduro. Donde la Constitución dice 10 de enero, ellos dicen “sí; pero también puede ser después; no sabemos cuándo”. Estamos, así, ante una prolongación de facto de un gobierno.
De más está decir que, dada la gravedad del estado de salud de Chávez, puede tenerse por muy probable que este no vuelva con vida a Venezuela. De modo que su “permiso oficial” caducará juntamente con su vida. Cuando muera, hecho que Maduro y los suyos, al igual que todos, aguardan que suceda en cualquier momento (si es que ya no sucedió), creen que estarán mejor posicionados frente a las ambiciones de Cabello y entonces verán ellos cómo convocan a esas elecciones y con cuáles condiciones.
El conflicto de intereses y ambiciones políticas desatadas en Venezuela es vulgar y repetido. Se trata del clásico tironeo entre aspirantes, “chavistas hasta las últimas consecuencias” como conocemos nosotros por experiencia, peleando y mordiéndose las manos por asir primero la manija del poder y tener así la chance de eliminar al otro. Maduro procurando sacar del camino a Cabello; Cabello queriendo hacer valer la disposición constitucional que pone en sus manos el gobierno del Estado y, en cierto modo, su suerte política próxima, porque de este entuerto uno de los dos se va a la cuneta con todos sus seguidores.
Venezuela se halla, pues, en este momento ante la inminente quiebra de su ordenamiento constitucional, cuando el segundo párrafo de su artículo 233 sea alevosamente pisoteado por Maduro y sus secuaces, ante la vista de todos, nacionales y extranjeros, expectantes observadores del desarrollo del proceso venezolano.
Estaremos en el balcón, entonces, los paraguayos viendo cómo actúan en la ocasión aquellos mandatarios latinoamericanos que hicieron sonar un escandaloso griterío cuando en nuestro país se dio por terminado el mandato de Fernando Lugo, en forma correcta y sin salirnos un milímetro de nuestro texto constitucional. Veremos qué opinan Dilma, Mujica, Cristina, Morales, Correa, Ortega frente al pisoteo de la ley en Venezuela.
¿Enviarán a sus cancilleres a Caracas a intervenir en los asuntos internos venezolanos, a procurar soliviantar a los militares o a los partidarios de alguno de los políticos en pugna? ¿Organizarán un bloqueo contra el nuevo gobierno venezolano si no resulta ser el que indica la Constitución de ese país? ¿Qué dirán los miembros del Mercosur, de la Unasur y sus respectivos órganos internos en relación a violación de la Constitución venezolana? ¿Aplicarán las sanciones del Ushuaia II? ¿Bloquearán políticamente a ese país como hicieron con nosotros?
Los obispos de aquella nación ya se anticiparon a los hechos previsibles y calificaron de “moralmente inaceptable” la pretensión de los partidarios de Maduro en violación de la Constitución. ¿Tendrán en cuenta esta opinión los actualmente “catoliquísimos” mandatarios del club bolivariano de Sudamérica y Centroamérica, que no se cansan de hacer misas por la salud de Chávez?
Seguro que no. Están algunos de ellos hoy mismo, en Caracas, para avalar con su presencia la grosera violación constitucional que perpetrarán Maduro y sus seguidores. Esta vez observarán satisfechos cómo se remueven los obstáculos legales cuando conviene hacerlo en nombre de la “revolución”.
En Caracas se reunirá el congreso de gobernantes y políticos latinoamericanos oportunistas, mentirosos, hipócritas y tramposos. Ni más ni menos. Pero la ocasión tendrá al menos la ventaja de ser el escaparate en el que el mundo entero podrá verlos tal cual son. Ya los vieron hablar y actuar en relación a la constitucional destitución de Lugo; ahora los verán en la posición contraria: avalando el pisoteo de la Constitución venezolana. Allí están, ante la vista pública, desnudos en su miseria moral, tal cual son.