Un documento interno manejado en el Gobierno venezolano revela la estrategia seguida por el chavismo para realizar escuchas ilegales a la oposición y difundir su contenido en medios públicos con el fin de «erosionar» a los rivales políticos. «El uso de las escuchas telefónicas para obtener información de contrincantes políticos o monitorear a personas afines es sin ninguna duda necesario», se señalaba en un informe de finales de 2011, abonando la inculcación del Estado de Derecho, publica abc.es.
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El informe es una de las comunicaciones remitidas a las altas esferas del chavismo aparentemente por la Fundación CEPS, grupo español de izquierdas que ha venido asesorando al Gobierno de Venezuela y que es tenido por «cerebro gris» de muchas estrategias chavistas. El nombre de la entidad figura en el encabezamiento de cada página del documento, si bien la fundación asegura que «no consta» en sus archivos.
El citado escrito, obtenido por ABC junto con otros cientos que, con el membrete de Fundación CEPS, han circulado en el núcleo duro chavista, fue realizado a raíz de detalles difundidos por los medios públicos venezolanos de unas escuchas a la dirigente de la oposición María Corina Machado. El texto pedía que la difusión de ese tipo de informaciones obtenidas ilegalmente se reservara a casos importantes, para no «gastar cartuchos» que podían tener un precio en los tribunales y poner demasiado en evidencia «el traslado de la inteligencia a los periodistas del ente público».
«Sería deseable, entonces, actuar siguiendo la lógica de utilizar de manera dosificada estos mecanismos», añadía el informe, «apuntando a erosionar o dejar en evidencia a grandes contricantes (nacionales o internacionales) y, en lo posible, intentando que la difusión de las escuchas o de la información comprometedora pudiera ser filtrada primero a medios internacionales para desvincular la relación directa Gobierno-Sistema Nacional de Medios Públicos», como se hizo con las «imágenes interceptadas por redes de inteligencia» entre el expresidente colombiano Alvaro Uribe y la oposición venezolana.
Los documentos consultados abarcan ámbitos diversos, desde tácticas para ocultar a la oposición la verdad sobre la salud de Chávez, ya transcritas previamente por ABC, a recomendaciones específicas para boicotear protestas opositoras. Así, un texto elaborado en septiembre de 2011 cuando se estaban produciendo huelgas de hambre, aconsejaba «desplazar e infiltrar entre los huelguistas a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado».
Para mejorar la imagen de Chávez en España se planteaba un «acercamiento y negociación» con las «empresas con inversiones en Venezuela y que, a su vez, sean accionistas en empresas o conglomerados comunicacionales en España», a fin de que influyan en contenidos positivos sobre Venezuela en esos medios.
Advertida por este diario sobre la obtención de estos documentos, la Fundación CEPS indicó que, al no tener firma, «es muy probable que sean falsos». Las solventes fuentes en Venezuela que los proporcionaron, aseguran que han circulado en la cúpula chavista como provenientes de los asesores españoles.