El Decreto 9.322 con el que el Gobierno ratificó, en diciembre pasado, la inamovilidad laboral para este 2013, y la nueva Ley Orgánica del Trabajo para los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt) causan polémica. Sobre el tema, la abogada laboral Milagros de Corredor expresa que tenía esperanzas de que no se prolongara la inamovilidad, pues la nueva ley específica los diferentes tipos de inamovilidades, por lo que considera que no tiene sentido.
REDACCIÓN ELINFORMADOR.COM.VE/ ROSA ANDREÍNA GARCÍA
Explica además que esto genera para las empresas un costo alto, debido a que las Inspectorías de Trabajo tardan de seis meses a un año para hacer las calificaciones. “El empresario está maniatado porque está en juego toda una serie de elementos que afectan la productividad en el sector privado, afectan el concepto mismo del trabajo. Empresas, aguinaldos y utilidades mayores a las de ley.
Entre tanto, dice que la entrada en vigencia de la nueva Lottt no afectó a grandes empresas, sino a las pequeñas empresas; sin embargo, la inamovilidad sí deja maniatados a pequeños y grandes.
La abogada refirió que la legislación ha ocasionado ausentismo laboral y lesionado los principios del compromiso y la responsabilidad en el trabajo, lo que merma la productividad de las empresas.
Productividad afectada
Afecta de manera flagrante la productividad y al propio trabajador porque se desenvuelve allí. “Los abogados tenemos que estar detrás de las inspectorías para que saquen las decisiones, en algunos casos tardan hasta dos años para tomar una decisión. Antes, las inspectorías pequeñas (Acarigua, Guanare) tenían 100 calificaciones y ahora entre 700 y 1.000 casos y con el mismo personal, “no se ha dado respuesta correcta desde el punto de vista institucional”, agregó.
Disposiciones de Ley
Desde 2002, el Gobierno ha dictado sucesivos decretos de inamovilidad, pero en el presente caso la medida corresponde a la nueva Ley Orgánica del Trabajo, que prohíbe los despidos. De allí que un trabajador afectado puede denunciar al patrono ante la Inspectoría del Trabajo en los 30 días siguientes a la expulsión.
El decreto ampara a los trabajadores con contrato indeterminado, a partir del primer mes de relación de trabajo, así como a los contratados por tiempo determinado y para la ejecución de una obra, cuando la duración del contrato no haya vencido y hasta que haya sido culminada.
El empleador está obligado a reenganchar al empleado con pago de los salarios caídos y cualquier otro beneficio socioeconómico que haya dejado de percibir. El decreto indica también que al patrono se le aplicarán las sanciones de la ley, consistentes en multas de entre 60 y 120 unidades tributarias por incumplimiento de la inamovilidad laboral y desacato al reenganche.
“Quedan exceptuados de la disposición gubernamental los cargos de dirección y los trabajadores temporales y ocasionales. Asimismo, el decreto señala que los funcionarios de la administración pública se regirán por la Ley del Estatuto de la Función Pública”.