Los gobernantes de los gobiernos bolivarianos se metieron con el Paraguay hasta donde quisieron, pasando descaradamente por encima de los principios internacionales de respeto por la autodeterminación y soberanía, pese a que nuestro país actuó estrictamente dentro de lo que dispone la Constitución nacional. Pero pocos meses después, por ironía del destino enfrentados a una situación totalmente opuesta a la del Paraguay, ante una evidente violación de la Constitución perpetrada en Venezuela por los chavistas, Dilma, Cristina, “Pepe”, Evo, Correa y Ortega ratificaron hipócritamente su falso compromiso con el principio de no intervención en asuntos internos ajenos. Increíblemente, los demás gobernantes de la región miran para otro lado.
Es posible que la oposición entre los conceptos de “razones políticas” y “razones legales” que formuló el presidente uruguayo José “Pepe” Mujica cuando se refirió a la sanción tomada por tres miembros del Mercosur contra el Paraguay, suspendiéndolo como cuarto miembro, no figure en ningún texto de Ciencias Políticas ni de Derecho Político, pero su vigencia se hizo tan real y pragmática que bien merece ser incorporado a estas disciplinas en calidad de ideas rectoras, por lo menos en nuestra región. Servirán en el futuro para explicar muchos acontecimientos que están sucediendo en la actual América Latina.
“Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos”, escribía Nicolás Maquiavelo. Y agregaba: “Aunque el engaño sea detestable en otras actividades, su empleo en la guerra es laudable y glorioso, y el que vence a un enemigo por medio del engaño merece tantas alabanzas como el que lo logra por la fuerza”. La virtud principal del pensador italiano era, precisamente, ser sincero y dejar por escrito lo que los políticos de todos los tiempos creyeron y ejecutaron, aunque sin reconocerlo jamás.
Los tres presidentes del Mercosur, autoerigidos en tribunal supremo e inapelable, atribuyéndose la facultad extraordinaria de juzgar “in audita pars”, o sea, sin escuchar al acusado, sin darle el derecho fundamental y universalmente reconocido a ser oído, y violando abiertamente el tratado constitutivo de la organización, aplicaron el consejo de Maquiavelo al pie de la letra: por no poder utilizar la fuerza, trataron de vencernos con el engaño, y luego continuaron tratando de aparentar lo que no son: principistas y legalistas.
Al Presidente uruguayo, posiblemente todavía poco acostumbrado a la mentira política sistemática (quizás por falta de antigüedad y suficiente práctica en el oficio), se le escapó la explicación de lo que verdaderamente pensaban los tres mosqueteros del Mercosur al aplicar la alevosa sanción al Paraguay. Con su breve declaración, todo quedó esclarecido.
Si el gobernante, por ser coherente con los principios y cumplidor de la ley, compromete su ventaja, debe escoger lo políticamente útil y conveniente, aunque simulando que no lo hace, pues “pocos verán lo que son, pero todos verán lo que dicen ser”. Esto es lo que hicieron Dilma, Cristina y “Pepe”, alentados y estimulados por Hugo Chávez, que, apartado finalmente el Paraguay, encontró la brecha para meterse en el organismo regional por la ventana.
Es necesario comprender bien las implicancias históricas que poseen estos sucesos y las actitudes asumidas por los bolivarianos del Mercosur. Esos hechos y decisiones políticas demuestran con claridad cuál es el verdadero valor que esos regímenes otorgan a las Constituciones, a los tratados, a los principios y declaraciones fundamentales del Derecho Internacional; en resumen, a la Ley.
Las utilizan en lo que les sirve, la soslayan en lo que les estorba. Aplican el recurso de la interpretación de textos legales en forma oscura o ambigua en cualquier norma obligatoria que les incomode o que coyunturalmente no les convenga. Instrumentan a sus magistrados y tribunales venales, subalternizados o sectarizados para dar visos de legalidad a los malabarismos interpretativos con las que deforman y desvirtúan las reglas más claras de las Constituciones, tratados, acuerdos, reglamentos y demás leyes que se interponen en su camino.
Hay un entendimiento tácito entre estos gobernantes bolivarianos: dentro de sus países, cada uno mete la garra donde le place y hace con sus leyes e instituciones lo que encaje mejor con sus intereses, aprovechando su manejo de mayorías asamblearias y su hegemonía sobre los funcionarios.
Increíblemente, los demás gobernantes de la región miran para otro lado, no se dan por enterados ni opinan porque son “respetuosos de la autodeterminación” y se niegan a “juzgar las leyes y decisiones soberanas”.
Pero si se trata de un país con gobierno no alineado con la cofradía, un gobierno no integrante del “club”, entonces el principio de autodeterminación sufre una “interpretación”, se aplican las cláusulas “especiales” de acuerdos internacionales, se concierta una “defensa” común contra el divergente.
Así es como debe entenderse que los gobernantes bolivarianos se hayan metido con el Paraguay hasta donde quisieron, pasando descaradamente por encima de los principios internacionales de respeto por la autodeterminación y soberanía. Sin embargo, pocos meses después, por ironía del destino enfrentados a una situación totalmente opuesta a la del Paraguay, ante una evidente violación de la Constitución perpetrada en Venezuela por los chavistas, Dilma, Cristina, “Pepe”, Evo, Correa y Ortega ratificaron hipócritamente su falso compromiso con el principio de no intervención en asuntos internos ajenos.
El concepto pragmático de “Pepe” Mujica, que enfrenta la “razón política” a la “razón legal” en beneficio de la primera, debe emparentarse con otra idea “luminosa” para la Ciencia Política acuñada por la anterior secretaria general de la Unasur, la que fue canciller colombiana María Emma Mejía, quien, durante una visita en Asunción, habló de la conveniencia de manejar la idea de una “democracia flexible” para la región. Tal idea ya estaba siendo hábilmente manejada por los bolivarianos; las “cláusulas democráticas” de los tratados regionales ya estaban siendo estirados hacia aquí o comprimidos hacia allá según las conveniencias, pero la señora Mejía, al igual que el presidente Mujica, tuvo la buena iniciativa de dejar bien claro cómo entienden la praxis política bolivariana actual, para permitirnos a los latinoamericanos democráticos “inflexibles” saber a qué atenernos con respecto a ellos.
Una excelente muestra de la flexibilidad conceptual de estos hipócritas se da en este momento en relación con la reunión de la CELAC a realizarse en Chile. El Gobierno chileno se apresta a entregar la presidencia pro témpore de la organización… ¡a Cuba! Un país oprimido por una familia de tiranos desde hace más de medio siglo, donde su dictadura no dejó un solo derecho político fundamental sin violar, es al que se va a entregar la misión de trabajar por la integración de los países de América Latina y el Caribe. Ante todo el mundo, una dictadura familiar hereditaria va a ser la cabeza visible de un grupo numeroso de naciones, la mayoría de ellas democráticas. ¡Insólito! Un absurdo tan increíble como, por ejemplo, que todos los países asiáticos le otorgaran a Corea del Norte la representación de la región.
Por fortuna, en nuestra América se están haciendo oír cada vez con mayor energía voces de denuncia y protesta por parte de la gente común, de la prensa, de políticos importantes, contra los gobernantes falsarios, contra los que invocan la Democracia para envilecerla, ocultando que para ellos se trata de un sistema que realmente desprecian y de cuyas formalidades y rituales se sirven solo para legitimar sus regímenes autoritarios.