El Rector de la Ucab, Padre José Virtuosose pronunció este martes en torno a la situación política del país, en especial a la sentencia del TSJ donde posterga la toma de posesión del presidente Chávez.
“Convocamos a la sociedad venezolana a pronunciarse para la búsqueda de soluciones que garanticen la estabilidad democrática”, dijo.
Asimimso, exhortó al cese de hostigamiento hacia los estudiantes que participan en protestas en el país.
Lea el comunicado completo a continuación:
A continuación el comunicado:
1. El deber que corresponde a las universidades en “la orientación de la vida del país mediante nuestra contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales”, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Universidades, y en el artículo 6, ordinal 2 , del Estatuto Orgánico de la Universidad Católica Andrés Bello.
2. Que la conciencia democrática de los ciudadanos ha sido sacudida por los acontecimientos relacionados con el proceso de toma de posesión presidencial para el nuevo período constitucional 2013-2019; observándose, de acuerdo al comunicado emanado de nuestra Facultad de Derecho el pasado 16 de enero, que tanto el Acuerdo de la Asamblea Nacional como la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 09 de enero de 2013, “constituyen una grave alteración de las normas establecidas por la Constitución para el ejercicio de la Presidencia de la República…”
3. Que las decisiones adoptadas para suplir la ausencia actual del Presidente de la República, electo y proclamado en octubre de 2012, han acentuado aun más la polarización política existente en el país y han generado preocupación e incertidumbre sobre el rumbo que tomarán la institucionalidad del Estado de Derecho y las garantías de los derechos políticos consagrados en nuestra Carta Magna.
4. Que es urgente resolver por métodos democráticos y ajustados al espíritu y letra del texto constitucional el grave e inédito problema que representa la ausencia del Presidente electo para el ejercicio de su cargo.
Acuerda:
1. Exhortar a la Asamblea Nacional y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a tomar en cuenta las opiniones jurídicas mayoritarias que han denunciado los hechos referidos, y mediante el diálogo y el consenso con los diversos actores políticos que representan la vida nacional, acuerden y establezcan a la brevedad la ruta constitucional más adecuada para solventar esta situación. La Universidad Católica Andrés Bello ofrece su cooperación para facilitar el diálogo y el consenso.
2. Convocar a la sociedad venezolana en general y a las instituciones en particular a pronunciarse y actuar constructivamente en esta coyuntura para la búsqueda de soluciones que garanticen la paz, la convivencia y la estabilidad democrática.
3. Rechazar la descalificación, el lenguaje violento y las amenazas que voceros de las instituciones oficiales y los medios de comunicación del Estado hacen permanentemente contra las personas e instituciones que muestran su desacuerdo con las decisiones adoptadas por la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia el 09 de enero de 2013.
4. A continuación el comunicado:
1. El deber que corresponde a las universidades en “la orientación de la vida del país mediante nuestra contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales”, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Universidades, y en el artículo 6, ordinal 2 , del Estatuto Orgánico de la Universidad Católica Andrés Bello.
2. Que la conciencia democrática de los ciudadanos ha sido sacudida por los acontecimientos relacionados con el proceso de toma de posesión presidencial para el nuevo período constitucional 2013-2019; observándose, de acuerdo al comunicado emanado de nuestra Facultad de Derecho el pasado 16 de enero, que tanto el Acuerdo de la Asamblea Nacional como la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 09 de enero de 2013, “constituyen una grave alteración de las normas establecidas por la Constitución para el ejercicio de la Presidencia de la República…”
3. Que las decisiones adoptadas para suplir la ausencia actual del Presidente de la República, electo y proclamado en octubre de 2012, han acentuado aun más la polarización política existente en el país y han generado preocupación e incertidumbre sobre el rumbo que tomarán la institucionalidad del Estado de Derecho y las garantías de los derechos políticos consagrados en nuestra Carta Magna.
4. Que es urgente resolver por métodos democráticos y ajustados al espíritu y letra del texto constitucional el grave e inédito problema que representa la ausencia del Presidente electo para el ejercicio de su cargo.
Acuerda:
1. Exhortar a la Asamblea Nacional y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a tomar en cuenta las opiniones jurídicas mayoritarias que han denunciado los hechos referidos, y mediante el diálogo y el consenso con los diversos actores políticos que representan la vida nacional, acuerden y establezcan a la brevedad la ruta constitucional más adecuada para solventar esta situación. La Universidad Católica Andrés Bello ofrece su cooperación para facilitar el diálogo y el consenso.
2. Convocar a la sociedad venezolana en general y a las instituciones en particular a pronunciarse y actuar constructivamente en esta coyuntura para la búsqueda de soluciones que garanticen la paz, la convivencia y la estabilidad democrática.
3. Rechazar la descalificación, el lenguaje violento y las amenazas que voceros de las instituciones oficiales y los medios de comunicación del Estado hacen permanentemente contra las personas e instituciones que muestran su desacuerdo con las decisiones adoptadas por la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia el 09 de enero de 2013.
4. Rechazar el hostigamiento contra las protestas que los estudiantes de diversas universidades del país han venido desarrollando, así como las acusaciones realizadas por distintos voceros del Estado, sin que haya mediado el derecho a la defensa y probación de los delitos imputados.s han venido desarrollando, así como las acusaciones realizadas por distintos voceros del Estado, sin que haya mediado el derecho a la defensa y probación de los delitos imputados.