La espera se hace interminable para Elvira Rodríguez mientras bajo el fuerte sol aguarda noticias sobre su hijo Joseph, herido en la cárcel de Uribana, escenario de uno de los peores motines en Venezuela, con 55 muertos según fuentes hospitalarias, reseña Afp.
“No sé si mi hijo está muerto detrás de esos portones”, dice Rodríguez, quien lo único que sabe es que Joseph, que cayó preso hace dos años por secuestro y espera aún su juicio, sufrió quemaduras en la cara tras explotarle una granada.
“Hasta ahora no sé dónde está, lo he buscado en todos los hospitales”, señala a la AFP con los ojos llorosos, solicitando, junto a otras mujeres a su alrededor, que se le entreguen los listados oficiales de fallecidos y heridos.
A su lado, Carmen García espera también noticias de su hijo: Edilso Rodríguez, recluido desde hace un año, fue trasladado de vuelta al penal la noche del viernes tras ser atendido en un hospital por ser rozado por una bala en el enfrentamiento que estalló durante la jornada.
“No encontramos quién nos dé explicaciones”, afirma esta señora de 50 años con la mirada perdida, junto a otros 200 familiares apostados detrás del perímetro de seguridad, a unos 300 metros del penal.
El viernes, la militarizada Guardia Nacional inició un operativo para confiscar armas en el penal, según informó el gobierno, que señaló que bandas armadas de presos se disputan el control del recinto penitenciario, ubicado en el estado Lara.
El motín que siguió y dejó 55 muertos y más de 90 heridos, según dijo a la AFP el director del hospital central Antonio María Pineda, Ruy Medina, convierte a Uribana en escenario de uno de los episodios carcelarios más sangrientos en las últimas décadas en el país, afectado desde hace años por el hacinamiento y la violencia en sus prisiones.
El gobierno ordenó a la Fiscalía y al Parlamento investigar el violento episodio, pero aún no ha indicado el saldo oficial de víctimas.
“Parecía una película de guerra, con tanquetas, tiros y demasiado humo”, y a los familiares las fuerzas del orden les lanzaron bombas lacrimógenas, cuenta con desespero García.
“Hablé con mi hijo ahorita. Me dijo ‘Mamá estamos asustados porque la Guardia (Nacional) se quiere meter, nos quieren matar a toditos”, dice angustiada Mariela Escobar, con el celular aferrado en una mano.
Con pancartas que rezan “Queremos respuestas inmediatas” y “Déjennos pasar agua, alimentos y medicinas”, los familiares hacen frente a medio centenar de militares -armados con armas largas, rolos y escudos- y a algunas tanquetas con equipos antidisturbios que impiden acercarse al penal.
Con el paso de las horas, más efectivos y equipos van reforzando la seguridad del perímetro de la cárcel, mientras los familiares conversan bajo el fuerte calor, rezan en grupo o en una vivienda cercana recargan las baterías de sus celulares, el único contacto posible con sus hermanos, hijos y esposos presos.
Los reclusos habían sido informados previamente de la requisa y el viernes el director del penal les prometió que sería pacífica, recuerdan los parientes de los presos.
Una mujer se mostraba muy escéptica sobre el operativo de confiscación: “Hasta los momentos no han sacado armas, han sacado muertos”, deploró.
La cárcel de Uribana tiene una capacidad para 850 reos, pero actualmente alberga a unos 2.500, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Además se halla bajo medidas provisionales de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2007, que establecen que las autoridades deben velar por evitar la pérdida de vidas en su interior.
Ramon SAHMKOW /AFP