La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, lamentó hoy la muerte de 58 reclusos tras el motín registrado el viernes en una cárcel de Venezuela y responsabilizó a las autoridades por los hechos.
“Lo que ocurrió refleja un alarmante patrón de violencia en las cárceles venezolanas”, señaló en rueda de prensa el portavoz de Pillay, Rupert Colville.
“Es consecuencia -añadió- de que en las prisiones venezolanas haya una alarmante falta de servicios, que los reclusos estén totalmente hacinados, y que muchos de los internos estén encerrados de forma preventiva en espera de juicio durante mucho tiempo”.
Por ello, Alta Comisionada considera que las autoridades venezolanas “son responsables de lo ocurrido, porque son ellas las que deben cuidar del bienestar de los reos”.
Pillay pidió una “pronta investigación”, para que se puedan identificar a los culpables y los familiares de las víctimas puedan ser compensadas.
El gobierno venezolano confirmó el domingo que en el motín registrado en el Centro Penitenciario de la región Centro Occidental murieron 58 personas y 46 resultaron heridas, informó Efe.
Afp reseñó más tarde que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) instó el martes a Venezuela a investigar la muerte de 58 personas en un motín en la cárcel de Uribana y a garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos en las prisiones.
El portavoz de la OACDH, Rupert Colville, afirmó que el motín “refleja un patrón alarmante de violencia en las cárceles venezolanas” y que eso “es una consecuencia directa de sus malas condiciones”, de las que responsabilizó al estado.
Los detenidos “están bajo custodia del estado y, por lo tanto, las autoridades estatales competentes tienen la responsabilidad de lo que les sucede”, subrayó.
Los presos sufren de hacinamiento, falta de acceso a los servicios básicos, presencia generalizada de armas en las prisiones y sus condiciones “se agravan por las demoras judiciales y el recurso excesivo a la detención preventiva”, enumeró Colville.
El portavoz urgió por ende a Caracas a adoptar “medidas urgentes para garantizar que las condiciones de detención cumplan con las normas internacionales de derechos humanos”.
El gobierno venezolano ordenó el lunes investigar el motín del pasado 25 de enero en la cárcel de Uribana (noroeste), que según fuentes oficiales venezolanas dejó 58 muertos y más de 90 heridos.
Según cifras oficiales, hay casi 50.000 reclusos en Venezuela pero la infraestructura carcelaria sólo tiene capacidad para albergar a unos 14.000.