La ONU, la Iglesia venezolana y ONG locales reclamaron el martes al gobierno que investigue y sancione a los responsables de la tragedia en la cárcel de Uribana (noroeste), donde un motín dejó 58 muertos, y alertaron sobre la violencia y hacinamiento en el sistema penitenciario.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) instó al gobierno a investigar lo sucedido el pasado viernes, afirmando que el motín “refleja un patrón alarmante de violencia en las cárceles venezolanas”, que es “consecuencia directa de sus malas condiciones”.
Los detenidos “están bajo custodia del Estado y, por lo tanto, las autoridades estatales competentes tienen la responsabilidad de lo que les sucede”, subrayó el portavoz de la OACDH, Rupert Colville.
Los presos sufren de hacinamiento, falta de acceso a los servicios básicos, presencia generalizada de armas en las prisiones y sus condiciones “se agravan por las demoras judiciales y el recurso excesivo a la detención preventiva”, enumeró Colville.
El vicepresidente Nicolás Maduro reiteró este martes que el gobierno ordenó al Parlamento y al Ministerio Público investigar “exactamente qué ocurrió” en la prisión de Uribana (estado Lara), donde una requisa en busca de armas derivó en una tragedia que dejó 58 muertos, todos presos, excepto un militar y un pastor evangélico.
La Conferencia Episcopal Venezolana reclamó que ante sucesos como los de Uribana se realicen “investigaciones eficaces, independientes e imparciales que permitan procesar y sancionar a los responsables para que no siga reinando la impunidad”.
La Iglesia tachó en un comunicado de “inoperantes e ineficaces” las políticas penitenciarias del gobierno, que a mediados de 2011 creó el ministerio de Asuntos Penitenciarios para hacer frente a la crisis carcelaria.
De su lado, las ONG Control Ciudadano, Una Ventana a la Libertad, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela pidieron a la Fiscal General que investigue los hechos en Uribana y “se sancione a los responsables de esta masacre”.
Igualmente solicitaron que se informe a los familiares de los reclusos muertos en Uribana ya que “hasta el momento no ha habido una identificación de los fallecidos ni las causas de su muerte”.
El domingo, Varela indicó que miembros de la militarizada Guardia Nacional y la mayoría de reos del penal fueron “atacados” por un grupo de presos que se resistían a la requisa y que “salieron disparando a mansalva”, sin ofrecer más detalles.
La ONG Control Ciudadano, que vela por el derecho ciudadano a ejercer una contraloría sobre las Fuerzas Armadas, puso en duda no obstante la versión del gobierno.
A través de un comunicado condenó “el uso reiterado de la fuerza mortal por parte de la Guardia Nacional Bolivariana contra personas privadas de libertad” y estimó que los “agentes estatales involucrados en los asesinatos allí cometidos deben responder ante la Ley”.
En la cárcel de Uribana, unos 2.400 presos estaban encarcelados en unas instalaciones con una capacidad para 850, según las ONG. La gran mayoría fueron trasladados a otros penales del país y está previsto que regresen una vez se haya rehabilitado el centro.
Las cárceles venezolanas están controladas en muchos casos por bandas de reclusos fuertemente armados, que constantemente generan enfrentamientos internos. Según el gobierno, las armas son introducidas por “mafias” en los penales.
Según activistas de derechos humanos, que revelarán los datos de violencia de 2012 este jueves, en 2011 más de 500 reclusos perdieron la vida.
El gobierno, por su parte, no difunde este tipo de cifras, pero ha informado de que hay casi 50.000 reclusos en el país para una infraestructura con capacidad para unos 14.000.
AFP