Una explosión que mató a 37 personas y dejó decenas de heridos la semana pasada en la sede de la petrolera estatal mexicana Pemex fue causada por una chispa eléctrica o alguna fuente de calor que hizo estallar una acumulación de gas, informó el procurador general de México.
“Hemos podido determinar que la explosión fue causada por una acumulación de gas en los sótanos del edificio”, aseguró el lunes por la noche el procurador Jesús Murillo Karam, quien aclaró que todavía se desconoce el origen de la fuga del fluido.
Murillo Karam dijo que los investigadores revisan los registros de inspección del edificio para determinar por qué Petróleos Mexicanos no había descubierto la acumulación de gas. Como empresa estatal, Pemex es responsable de inspeccionar sus propios edificios.
El funcionario dijo que la investigación realizada por expertos de México, España, Estados Unidos y Gran Bretaña del estallido del jueves pasado, el peor desastre de la compañía en una década, no encontró evidencias de explosivos.
El estallido derrumbó los primeros pisos de un edificio administrativo de Pemex en la ciudad de México, colindante de la emblemática Torre Ejecutiva de Pemex, el segundo rascacielos más grande del país y que no sufrió daños graves.
El procurador explicó en rueda de prensa que los especialistas creen que una chispa o alguna fuente de calor detonó el gas acumulado.
Agregó que con la excepción de tres víctimas, ninguno de los fallecidos tenía marcas de quemaduras o tímpanos dañados, que son pruebas típicas de una bomba. Tampoco había indicios de un cráter o de una fractura de las vigas de acero del edificio, que también son comunes en la detonación de un artefacto explosivo.
Murillo Karam dijo que las autoridades aún no han hallado la fuente del gas, que según las primeras investigaciones fue metano que escapó de una tubería o túnel debajo del edificio o conectados con éste. También es posible, dijo, que la acumulación haya provenido del sistema de drenaje.
El procurador dijo que un contratista independiente informó a los investigadores que él estaba trabajando con tres hombres en trabajos de mantenimiento en el sótano del edificio B2, donde ocurrió la explosión. El contratista dijo que el sótano no tenía iluminación, por lo que su equipo improvisó una conexión uniendo un cable eléctrico a una fuente de electricidad en el techo.
El contratista dijo a los investigadores que segundos después se trasladó a un piso más alto, oyó un ruido y luego una explosión que sacudió el edificio. Los tres hombres que le ayudaban fueron hallados muertos en el sótano con marcas de quemaduras, uno con un trozo de cable pegado a su cuerpo. Los cadáveres no mostraban indicios de la desmembración típica en la detonación de explosivos, agregó.
Murillo Karam describió la explosión como “difusa”, cuya fuerza se movió lenta y horizontalmente, típica del estallido de una nube de gas, en vez de una explosión que haya emanado de una fuente relativamente compacta, como una bomba.
El procurador aseguró que las pruebas de laboratorio hallaron “cero” evidencia de algún explosivo.
“Esta explosión propició en su momento álgido un efecto en la estructura de los pisos, de los pisos del edificio que generó primero su impulso hacia arriba y posteriormente su caída”, precisó. “Fue esta la principal causa de muertes en el edificio”.
El anuncio del lunes por la noche puso fin a varios días de una casi total ausencia de información sobre la causa potencial de la tragedia. Esa falta de información generó una serie de quejas sobre la secrecía del gobierno y conjeturas sobre la causa de la explosión, en su mayoría apuntando a que un acto intencional.
Las sospechas de juego sucio fueron tan intensas que Murillo Karam insistió en presentar fotos de una mochila encontrada entre los escombros para demostrar en público que contenía maquillaje y no un artefacto potencialmente explosivo, como algunos reportes de prensa publicaron el lunes.
Algunos observadores compararon la falta inicial de información del gobierno, emanado del Partido Revolucionario Institucional, con el secretismo que caracterizó a varios gobiernos de este partido durante varias décadas.
El partido, conocido por sus siglas en español PRI, regresó al poder en diciembre, después de perder la presidencia de México 12 años antes.
La explosión también atizó el debate sobre el estado financiero de Pemex, fuente vital de ingresos gubernamentales y que sufre de varias décadas de inversión baja y que ha padecido una serie de accidentes con el subsecuente empañamiento de su expediente de seguridad.
Hasta ahora, casi todos los accidentes de Pemex habían afectado su infraestructura petrolera, no sus instalaciones administrativas.
El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ha prometido abrir el gigante petrolero a más inversión privada y extranjera, provocando protestas de la izquierda, que ve tales pasos como un intento por privatizar una empresa vista como uno de los pilares del Estado mexicano. Peña Nieto ha suministrado pocos detalles de su reforma petrolera, pero ha negado que busque la privatización de Pemex.
Murillo Karam dijo que aunque por ahora no hay evidencias de algún juego sucio en la explosión, sigue abierta la posibilidad de presentar acusaciones penales.
El desastre fue un revés grave al expediente de seguridad de Pemex, que había estado mejorando luego de una serie de incidentes en las décadas de 1980 y 1990, según datos de la compañía.
El número de accidentes por millón de horas trabajadas disminuyó en más de la mitad, de 1,06 en 2005 a 0,42 en 2010. El promedio internacional es de casi 0,43 por millón, de acuerdo con la Asociación de Productores de Petróleo y Gas, con sede en Gran Bretaña, pero que no verifica independientemente los datos de empresas.
Pemex, sin embargo, reconoció en un informe que desde finales de 2011, varias explosiones e incendios pequeños, sobre todo en refinerías y plantas petroquímicas, habían “impactado seriamente” su índice de seguridad, que aumentó a 0,54 lesiones por cada millón de horas. AP