La Ley Orgánica del Trabajo, aunado al decreto de inamovilidad que se ha prorrogado desde el año 2002, establece un sistema de estabilidad absoluta para los trabajadores de los sectores público y privado aunque incurran en faltas, advierten abogados laborales. El impacto que ha tenido se traduce en el encarecimiento de la finalización de la relación laboral, la contracción del mercado y la limitación de nuevas contrataciones.
Dulce María Rodríguez / El Nacional
El abogado laboral, Alejandro Di Silvestre, considera que la inamovilidad desestimula la generación de nuevos empleos y deja sin oportunidades al talento joven que espera ingresar al mercado de trabajo. “El que tiene trabajo esta hiperprotegido y los que no lo tienen les cuesta mucho formar parte del sector formal. Las empresas están fortaleciendo sus mecanismos de reclutamiento porque la posibilidad de dar por terminada la relación laboral con el aspirante es muy costosa”, dijo.
De acuerdo con la última encuesta realizada por Venamcham, 60,47% de los empresarios consultados reportan que uno de los impactos que ha tenido la LOT es la dificultad para realizar nuevas contrataciones de personal.
Di Silvestre explicó que la antigua LOT establecía que los trabajadores de confianza no podían ser despedidos por causa injustificada o se les tenía que pagar la indemnización doble. La nueva norma instaura un sistema de estabilidad absoluta en el que no procede el despido para ningún tipo de trabajador. “Las renuncias son negociadas y se le paga al trabajador doble o triple, según sus aspiraciones, para dar por terminada la relación de trabajo”, señaló.
Maryolga Giran, presidenta de la Comisión Laboral de Conindustria, indicó que la inamovilidad laboral consagrada en la LOT protege indiscutiblemente a todos los trabajadores y que la única manera de dar término a una relación laboral es con el consentimiento del trabajador. “Algunas empresas grandes pueden aplicar el famoso doblete usado para el despido injustificado, pero actualmente se depende más de las exigencias del trabajador y de las necesidades que este quiera satisfacer. Se trata de una circunstancia meta jurídica. El trabajador fija el monto que quiere que le paguen y la empresa decide si para prescindir de esa persona pagará la suma requerida”.
Girán expresó que son muy pocas las empresas que pueden asumir tan onerosos despidos porque están muy golpeadas con las regulaciones y controles que impone el Gobierno, también están al límite con las dificultades para adquirir divisas, por lo cual los márgenes de maniobra son muy pocos. “No todo el mundo tiene el derecho a esa protección. Quien comete una falta se le tiene que sancionar sino se estaría igualando al trabajador responsable con el que no lo es y se le estarían inhibiendo oportunidades a quien puede hacer una buena labor”, advirtió.
La jubilación. El Presidente de Fedeunep, Antonio Suárez señaló que el decreto de inamovilidad aclara que “la estabilidad de los funcionarios y funcionarias públicos se regirá por las normas de protección contenidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública”.
En el sector público a los empleados fijos los ampara la estabilidad laboral absoluta. Sin embargo, eso no impide, según el dirigente sindical, que se produzcan despidos del personal contratado como ocurre cuando hay un cambio de administración. También se despide personal fijo por adecuaciones, reestructuraciones, fusiones o eliminación de organismos.
“La práctica común es la negociación. Cuando el despido se da por adecuación de estructuras del organismo se propone la negociación directa de una jubilación especial o excepcional, si tiene más de 15 años de servicios o el pago de paquetes de retiros. Asimismo, se evalúa una cancelación equivalente a las prestaciones, dado que es el patrono el que quiere prescindir del trabajador y este se encuentra en una edad en la que el acceso al trabajo es más difícil. Otra opción que se plantea es la instalación de microempresas para trabajadores, caso CANTV”, aseveró.
Reducción del horario
El dirigente de la Central Bolivariana de Trabajadores, Rafael Chacón, dijo que las grandes empresas no cumplen con la reducción de la jornada laboral. “Esto va encadenado con el plan de especulación y desabastecimiento, Fedecámaras, Cavidea y Polar”, señaló.
Indicó que más de 13.500 empresas ya han acatado la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas, según lo establece la LOT. Exhortó a los patronos a estar al día con el ajuste de esta medida que entra en vigencia en mayo.
Carlos López, coordinador nacional de la organización sindical, indicó que realizará un gran despliegue nacional a partir de la próxima semana para debatir los alcances de la LOT y el plan de gestión socialista 2013-2019.
Aprovecharán la ocasión para recolectar propuestas para el reglamento de esta ley, instrumento que permitirá explicar con más detalles el contenido de la legislación laboral.
El dato
Desde hace 11 años, el Gobierno ha dictado sucesivos decretos de inamovilidad, el más reciente el Nº 9322 del 27 de diciembre de 2012, vigente entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2013, que ampara a todos los trabajadores sin límite de salario. Este derecho también lo consagra la Ley Orgánica del Trabajo, que atribuye la estabilidad absoluta a los trabajadores de los sectores público y privado.