Indígenas venezolanos mantienen retenidos a unos 42 militares en una zona minera al suroeste del país y exigen para liberarlos la anulación de un decreto que otorga al Estado la administración de las actividades de exploración y explotación de oro, entre otras demandas, reseña Reuters.
“Están retenidos. (Los jefes militares) se han negado a dialogar con los indígenas y tememos una acción militar de incalculables consecuencias“, dijo a Reuters el diputado opositor Américo de Grazia, elegido por el estado Bolívar, en un diálogo telefónico.
Los efectivos de las fuerzas de seguridad fueron retenidos el jueves en una zona retirada cercana a la frontera con Brasil, despojados de su armamento y amarrados -según detalló el diputado-, durante una operación para incautar y destruir equipos de minería artesanal.
Los indígenas además mantienen el control de tres pistas aéreas en la zona, que usualmente se emplean para transportar víveres.
El Gobierno de Hugo Chávez nacionalizó la industria del oro el 2011, fijando un techo de 45 por ciento para la participación privada en empresas mixtas con el Estado, elevó las regalías hasta un 13 por ciento y agregó trabas a la exportación del metal.
En la zona tiene operaciones la minera china Citic, a la que se le otorgó la concesión de rico yacimiento aurífero de Las Cristinas.
“¿Cómo es que habiendo espacio para que la transnacional Citic opere en la zona, se criminaliza a los nativos?, señaló el diputado.
Mario Naranjo/Diego Oré/Reuters
Más temprano
En el poblado pemón de Urimán, en la Gran Sabana, 43 oficiales del Ejército habrían sido desarmados y retenidos por la comunidad de indígenas mineros, quienes habrían tomado esta acción para defenderse de “los abusos” que padecían por parte de los soldados, aseguró vía telefónica a Globovisión.com Zoraida de Galletti, esposa del líder del sector, el cacique José Luis Galletti.
“Hemos sido muy violentados por parte de las comisiones del Ejército, de la Guardia Nacional”, manifestó Zoraida de Galletti. Advirtió que han recibido amenazas por parte de las autoridades militares de que los atacarían si no terminaban su acción de protesta.
De acuerdo con la esposa del cacique pemón, el conflicto se generó porque las comisiones del ejército quieren extorsionar a los mineros, y dejarlos sin sus espacios de trabajo. Ante eso los indígenas, “cansados de su maltrato”, reaccionaron, dijo Galletti.
“Hasta que nos tomen en cuenta” durará la protesta en Urimán, aseguró la cónyuge del líder pemón.
Igualmente de Galletti informó que comunidades pemones decidieron cerrar el aeropuerto de Santa Elena de Uairén y el aeropuerto de Canaima.
El candidato de la Unidad para el municipio Sifontes, Carlos Chancellor, tuiteó unas imágenes que, según él, son auténticas y retratan la situación irregular que se generó este jueves entre los pemones y los oficiales del ejército.
Chancellor explicó que esta violencia los sectores mineros de Bolívar se debe al Plan Caura llevado a cabo por el Gobierno nacional, que trata de combatir la minería ilegal pero que, enfatizó el candidato, solo ha llevado violencia y desorden, sin plantear a las poblaciones mineras mejores formas de ejercer su actividad.
El diario El Universal detalla que miembros de 12 comunidades indígenas del sector 3 de Urimán, en el municipio Gran Sabana al sur de Bolívar, detuvieron y desarmaron en la mañana de este jueves a 43 efectivos del Ejército venezolano, en protesta por las acciones iniciadas en contra del ejercicio de la minería.
Levis González, capitán de la comunidad indígena San Miguel de Caroní, explicó que a raíz de las operaciones militares se suspendieron las autorizaciones de vuelo a 21 aeronaves privadas, que contribuían al abastecimiento de alimentos, medicinas, así como al traslado de pacientes e indígenas desde las comunidades remotas hasta Santa Elena de Uairén y Ciudad Bolívar.
“Esas aeronaves privadas siempre nos han abastecido de alimentos y medicinas y ahora estamos afectados y con escasez y desabastecimiento de alimentos”, dijo, al explicar que el Región Estratégica de Defensa Integral de Guayana (REDI Guayana) suspendió las autorizaciones de vuelo desde el 9 de enero de 2013 alegando que las aeronaves “eran ilegales” y al presumir que facilitan insumos para la minería ilegal. Sólo dos empresas cuentan con permisos de vuelo.
Fotos cortesía @americograzia
Cortesía Globovisión
