Decenas de víctimas de las armas de fuego en Estados Unidos se congregaron hoy en el Congreso para exigir a los legisladores y al presidente, Barack Obama, que impongan más control sobre su venta en este país, donde más de 30.000 personas mueran cada año por estas armas.
Desde la matanza, en diciembre pasado, de veinte niños y siete adultos en Newtown, Connecticut, “más de 1.700 personas han muerto por heridas con armas de fuego, y es tiempo de que pongamos fin a esta demencia”, dijo la representante Rosa DeLauro, demócrata de Connecticut.
Las diferentes organizaciones que bregan por un sistema más estricto de verificación de antecedentes, tanto criminales como de salud mental, de los compradores de armas, y por la restricción de la venta de armas de tipo militar, han traído a Washington a más de un centenar de víctimas para presionar a Obama y al Congreso.
Más de veinte legisladores han usado sus invitaciones personales para que algunas de esas víctimas concurran esta noche a la sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes ante la cual Obama leerá su discurso sobre el Estado de la Unión, el primero de su segundo mandato.
Entre esos invitados se cuenta Carlos Soto, cuya hermana Victoria Soto murió en la escuela elemental Sandy Hook, de Newtown, cuando protegió a sus alumnos de primer grado de las balas del atacante.
La primera dama, Michelle Obama, invitó a su palco en la galería, desde donde escuchará el discurso de su esposo, a los padres de Hadiya Pendleton, una adolescente muerta a balazos en un parque cerca de su escuela secundaria de Chicago pocos días después de haber participado en Washington en el desfile de la inauguración presidencial.
Tras la matanza en Connecticut, Obama prometió que usaría las atribuciones del poder ejecutivo para decretar más controles sobre las armas de fuego, pero instó al Congreso a que restablezca la prohibición de la venta a civiles de los rifles semiautomáticos y los cargadores de alta capacidad que se han usado en incidentes similares.
Casi dos tercios de las muertes por armas de fuego en EE.UU. son suicidios. En el país hay más de 250 millones de pistolas, revólveres, rifles y escopetas en posesión de unos 48 millones de civiles, de los cuales cuatro millones son integrantes de la Asociación Nacional del Rifle (NRA).
La NRA es uno de los grupos de presión más poderosos en Washington y su postura es una defensa de la interpretación más amplia de la Segunda Enmienda de la Constitución según la cual el Gobierno no puede impedir que los civiles posean armas.
La enmienda, en realidad, se refería a las milicias para la defensa, a raíz de la Revolución Americana y la guerra de independencia.
“Es importante que tengamos aquí, en la galería, a las personas afectadas por la violencia con armas”, dijo el representante Jim Langevin, demócrata de Rhode Island.
Langevin quedó paralizado a los 16 años de edad cuando una bala, disparada accidentalmente del arma de un agente de policía, lo hirió en el cuello.
La representante demócrata Michelle Luján Grisham, de Nuevo México, invitó a la galería a la alcaldesa Gloria Chávez, de la ciudad de Tijeras, miembro de la campaña Alcaldes contra las Armas Ilegales, que tiene en su familia a varias víctimas de la violencia armada.
Entre quienes han llegado a Washington para esta campaña está Carol Gaxiola, de Arizona, cuya hija Jasmín, de 14 años, fue asesinada en 1999 porque había sido testigo de un tiroteo.
Luis Rivera, uno de los asesinos, tenía antecedentes criminales pero él y el otro asesino, Genaro González, habían comprado el arma a un vendedor privado que no tenía la obligación legal de verificar sus antecedentes. EFE
jab/jms/jrh