Los diputados nacionales y regionales de La Causa R, Andrés Velásquez, Américo De Grazia, Cesar Ramírez y Arcadio Guzmán ofrecieron una rueda de prensa para repudiar la conducta arbitraria del general Cliver Alcalá Cordones en el estado Bolívar.
Según Velásquez, el jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana (REDI), aplica un toque de queda de facto en el sur y el oeste del estado, ya que ninguna aeronave puede despegar o aterrizar en los aeródromos sin su autorización expresa, restringiendo así la distribución de alimentos, el transporte y la comunicación entre las comunidades remotas.
“Denunciamos que el general Cliver Alcalá Cordones está alzado y haciendo lo que le da la gana en Guayana, porque actúa incluso a espaldas de sus propios superiores, pues sabemos que varias de sus decisiones son inconsultas”, apuntó.
Las severas prohibiciones impuestas por dicho funcionario castrense han afectado gravemente a los operadores turísticos, indígenas y población en general que no puede desenvolverse de manera normal sin estar sometidos al “cobro de vacunas” y al amedrentamiento militar.
“Le preguntamos al Gobierno Nacional para que lo aclaren de una vez ¿Avalan esta actuación represiva y que se establezca este tipo de régimen? ¿O esto forma parte de la anarquía y el desgobierno que sufrimos todos los venezolanos?”, inquirió el parlamentario para luego afirmar que “con balas u fusiles no van a resolver el tema de la minería”.
Soberanía en peligro
Andrés Velásquez reveló detalles de un convenio establecido por el Gobierno Nacional a fines de 2012 con China, mediante el cual se contrata al gigante asiático para realizar un estudio completo de los recursos minerales existentes en suelo venezolano, en especial los de la región Guayana, lesionando a su juicio los intereses de la República.
Opinó Velásquez que dicho acuerdo viola la soberanía nacional, pues le permite al “imperio chino” acceder a todo el territorio que sea necesario y tomar muestras de suelo para levantar mapas que indiquen la ubicación y cuantificación de los distintos minerales, operación que se realizará principalmente por personal chino, incluyendo a cinco universidades de ese país y sus laboratorios, no así a las casas de estudios venezolanas.
“Hablan de que habrá confidencialidad pero resulta que las muestras serán llevadas a China y analizadas allá, porque ni siquiera exigieron que se instalaran los laboratorios en Venezuela”, comentó.
Además, el dirigente político informó que tal contratación es innecesaria debido a que dichos estudios ya se realizaron en los años 70 y 80 por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) a través de Tecmin, existiendo amplia documentación, mapas y libros sobre la ubicación de todas y cada una de las riquezas de Guayana.
“Es decir que vamos a pagar por algo que ya tenemos y que ya sabemos; por ejemplo en Las Cristinas hay una reserva probada de 13 millones de onzas de oro, y en Guaniamo hay 42 millones de quilates de diamantes. De igual manera existe la cuantificación de la bauxita, el hierro, el coltán y demás minerales, todos están claramente ubicados”, argumentó.
Por ello Velásquez aseveró que el actual gobierno pese a decirse patriota y nacionalista, “es el más corrupto, vende patria y entreguista de la historia de Venezuela, puesto que no solo le está postrando el país al imperio chino, sino que a los cubanos además de regalarles petróleo, los tenemos en los registros, los puertos, aeropuertos, notarías, en el sistema de identificación nacional y las Fuerzas Armadas”.
Solución minera
El parlamentario fue enfático al expresar que la solución al problema minero pasa necesariamente por un plan de ordenamiento que conlleve a la regularización, determinando los territorios en los que la minería se puede realizar con ayuda, asesoría y supervisión del Ejecutivo Nacional.
La idea, acotó Andrés Velásquez, es que los pequeños y medianos mineros tradicionales trabajen con el mayor equilibrio ambiental posible, como sucede en otros países que han aprovechado sus recursos auríferos y diamantíferos para lograr un desarrollo económico que beneficie a la población.
Sin embargo aclaró que hay zonas donde por motivos de fragilidad y preservación ambiental no debe permitirse dicha actividad, pero todo esto se solventaría si se aplica el plan de ordenamiento en vez de mantener la ilegalidad que solo beneficia a los funcionarios corruptos que se enriquecen con la extorsión.
Prensa Causa R