La devaluación como aperitivo del Paquetazo rojo que Maduro y Jaua endilgan a Chávez con el cuento de que “el comandante dicta órdenes” desde la sala de cuidados intensivos del Cimeq, no busca “mayor equilibrio económico y beneficios sociales para la población venezolana”, como declara Nelson Merentes al hablar más como militante del PSUV que como presidente del BCV, sino con “fines fiscalistas”, es decir, para “cuadrar” las saqueadas cuentas públicas después de la “regaladera” y del derroche electoral de 2012. Jorge Botti, presidente de Fedecámaras, califica ese 46,5% de devaluación del bolívar, como “un golpe muy duro para el bolsillo de los venezolanos y para las empresas”, y diagnostica que ahora “el PIB será 32 veces menor, el salario mínimo será inferior y también el poder adquisitivo”. En promedio -recuerda Botti- el Gobierno ha devaluado cada dos años, con el agravante de que ahora se hace con un precio petrolero superior a $100 el barril, lo que evidencia el fracaso del modelo “socialista”. Y concluye: “Ningún país que funciona bien devalúa su moneda”. Así que el “ajuste cambiario” no es para proteger los “dólares de los pobres” de la “voracidad de la burguesía venezolana”, como panfletariamente declarase Jaua, o “para evitar que la oligarquía importadora pidiera dólares, no trajera nada y se quedara con el dinero”, como dijese Maduro, sino para “cuadrar las cuentas oficiales” que presentan $8.900 millones en deudas internas pendientes (muchas laborales) que pagarán con Bs. devaluados.
Se devalúa entonces por presiones de las cuentas públicas, secas por el manirrotismo oficial, por el salto de la inflación en diciembre y enero, y por la escasez de productos básicos originada en la creciente demanda de dólares no satisfecha por Cadivi, ni por el Sitme. Por eso Conindustria solicita que se garantice el flujo de divisas para mantener la operatividad de las empresas y asegurar el acceso de los bienes y servicios al consumidor, es decir, asegurar el abastecimiento. Consideran los industriales que “este ajuste cambiario es consecuencia de la inflación que, a su vez, es producto de los desequilibrios macroeconómicos y de la falta de producción y oferta nacional”. Ha sido y es el propio Gobierno el que se ha declarado enemigo de la producción nacional con sus “expropiaciones” y persecución a los productores. El cambio a 6,30 y la eliminación del Sitme -nos dice Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica– “ponen en riesgo la meta oficial de reducir la escasez, porque el peligro de que se acentúe la falta de bienes prioritarios en los anaqueles es alto”. Añade que“la devaluación es claramente confiscatoria del salario: permite al Gobierno mejorar sus cuentas fiscales, pero al ciudadano de a pie le tumba su capacidad de compra”. El propio BCV reconoce que la devaluación hizo caer el ingreso per cápita de los venezolanos de $13.000 anuales a $9.000, lo que significa pérdida del poder adquisitivo en medio de una explosión inflacionaria y una escasez del 20,4%. Escasez que será aún peor porque el Gobierno acaba de negar $ a 4,30 para deuda del sector farmacéutico.
Muchos chavistas confesos cuestionan públicamente el “Paquetazo”. En Aporrea-portal de tendencia oficialista- los artículos más leídos de la semana tienen títulos como “Giordani y Merentes, si fuesen consecuentes renunciarían por mentirle al pueblo”, “El capitalismo nos torció el brazo”, “El viernes negro del socialismo del Siglo XXI”, etc. (EN 12-02-13). Tan resaltantes son las críticas, que la agencia Reuters publicó un reporte sobre fenómeno tan sorprendente en un país polarizado. Hoy unas declaraciones de la Causa R sobre el Paquetazoparecen sacadas de Aporrea: un ar- tículo de Elizabeth Valdivieso en Aporreacontiene críticas similares a las de Alfredo Ramos, de la Causa R.
La respuesta oficial al descontento por la devaluación es la misma de siempre: mantendremos estricto control de los precios y pondremos presos a los “especuladores”. “Olvidan” que en 10 años de controles, la inflación de alimentos se aceleró en 1.284%, según cifras del BCV, y que el índice general de precios al consumidor registró un 694,21% en esa década. Si aún no queda claro quién se comió los dólares de los pobres, mostremos otra prueba irrefutable: Un estudio de Ecoanalítica, presentado en el foro Perspectivas Económicas 2013, revela que 40% de las importaciones del sector público son FICTICIAS. Es decir, que de cada $100, los rojitos se roban 40 por vía de la sobrefacturación. Reciben las divisas de Cadivi, pero no importan los bienes o servicios. Si a lo dicho añadimos que las reservas líquidas del BCV apenas llegan a $2 mil millones con un barril petrolero a más de $100 ¿quién se cogió los dólares de los pobres?