El debate sobre la eutanasia vuelve al tapete en Europa, donde países como Francia estudian un proyecto de ley que puede abrir la puerta al suicidio asistido, mientras que en Irlanda son los jueces los que tienen esta semana la última palabra en el caso de una mujer en estado terminal.
Marie Fleming, una exprofesora universitaria que padece esclerosis múltiple, ha apelado ante el Supremo irlandés, que analiza desde hoy el recurso, después de que un tribunal le denegase el pasado diciembre el derecho a que su marido le ayude a quitarse la vida.
El suicidio asistido está prohibido en Irlanda en virtud de la llamada “Ley de Derecho Criminal (Suicidio)” de 1993, y está castigado con un máximo de 14 años de cárcel.
En el Reino Unido también está prohibido por ley y en los últimos años varios británicos con enfermedades degenerativas acudieron a los tribunales, pero ninguno de los casos llegó a prosperar.
En Alemania se discute actualmente un proyecto de ley destinado a prohibir expresamente el suicidio asistido pero solamente cuando la ayuda al paciente sea ofrecida por organizaciones con ánimo de lucro.
El proyecto debía haber sido aprobado a finales de enero pero el debate se alargó, ya que dentro del ala más conservadora de la coalición de gobierno hay quienes quieren extender la prohibición a organizaciones caritativas.
Muchos alemanes que optan por el suicidio asistido viajan a Suiza para morir, ya que en este país está autorizado siempre y cuando se derive de “una decisión autónoma y no por motivos egoístas”.
Además de en Suiza, la eutanasia en Europa está legalizada en Bélgica, Holanda y Luxemburgo.
La ley sobre la eutanasia entró en vigor en Bélgica el 22 de septiembre de 2002 y permite a los médicos aplicar la eutanasia a enfermos que lo soliciten y estén afectados de dolencias incurables que les provoquen “sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables”.
Desde diciembre de 2012, el Parlamento belga discute si debe ampliarla a los menores y a las personas que sufren enfermedades mentales degenerativas, como el mal de Alzheimer.
En Holanda, la eutanasia se legalizó también en 2002 y quien la solicita debe padecer una enfermedad incurable y sufrir un dolor insoportable, mientras que en Luxemburgo está despenalizada desde que en 2008 se aprobara una ley que excluye la comisión de delito en el caso de que un médico ayude a morir a una persona.
El Gobierno francés tiene previsto presentar en junio próximo un proyecto de ley para tener en cuenta la voluntad de los enfermos incurables que quieran poner fin a su vida, pero la presidencia gala tendrá que disponer antes de un dictamen del Comité Nacional Consultivo de Ética.
El punto más conflictivo que habrá de dirimir el comité de ética es el de las “modalidades y condiciones estrictas que permitan a un enfermo consciente y autónomo, afectado de una enfermedad grave e incurable, ser acompañado y asistido en su voluntad de terminar él mismo con su vida”, es decir, el llamado suicidio asistido por profesionales médicos.
Por su parte, el Consejo Nacional de la Orden de Médicos franceses acaba de proponer legalizar una “sedación terminal” para pacientes “excepcionales” a los que no se dirige actualmente la ley de cuidados paliativos aprobada en 2005.
En Italia, el Senado aprobó en 2010 un proyecto de ley sobre el testamento vital que prohibía la suspensión de la alimentación e hidratación a cualquier persona y dejó en no vinculante la expresión de la voluntad de los pacientes sobre las medidas a adoptar en caso de enfermedad extrema.
La legislación portuguesa no permite la asistencia al suicidio, pero el Parlamento aprobó en 2012 una ley que faculta a los enfermos a declarar su voluntad, en un “testamento vital”, sobre los cuidados paliativos que quieren recibir.
En España la eutanasia y la ayuda al suicidio están penalizadas y existe una gran disparidad entre las distintas comunidades autónomas en la aplicación de cuidados paliativos, que son un derecho reconocido por la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.
El suicidio asistido está terminantemente prohibido en Austria y castigado con una pena de cárcel que puede ir desde los seis meses a los cinco años.
No se castiga, sin embargo, la llamada asistencia indirecta al suicidio, por ejemplo, en casos en los que la administración de medicamentos para aliviar el dolor pueden ocasionar la muerte del paciente.
En Turquía está prohibida la eutanasia y no puede realizarse por ninguna razón médica, ni tampoco por deseo expreso del paciente, mientras que en Hungría la legislación solo autoriza la eutanasia pasiva, es decir, el rechazo del tratamiento por parte del enfermo.
En EEUU se hace referencia a “muerte asistida”, ya que se considera que muere con la ayuda de otra persona.
La muerte o suicidio con asistencia es legal en los Estados de Oregon, Washington y Montana, mientras que está prohibida en 34 estados.
Los esfuerzos por la legalización de la muerte asistida se han incrementado a medida que envejece la población, y hay proyectos de ley en discusión en Connecticut, Vermont, Nueva Jersey, Kansas, Hawaii, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Nueva York, Arizona y Montana. EFE