La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó este lunes en México la próxima venta de la televisora venezolana Globovisión, muy crítica del gobierno de su país, y consideró que se trata de un fuerte golpe a la libertad de expresión en Latinoamérica.
“Nos ha sorprendido esa decisión del inversionista principal (Guillermo Zuloaga) para vender el único canal verdaderamente independiente en Venezuela”, dijo a la AFP Jaime Mantilla, presidente de la SIP, al margen de la reunión de medio año que celebra esta organización en Puebla, en el centro de México.
Este lunes, el vicepresidente de Globovisión, Carlos Zuloaga, hijo del presidente de la empresa Guillermo Zuloaga, aseguró que “hay una oferta de compra formal” y “una intención obligada de venta” para después de las elecciones presidenciales del 14 de abril, según la página web de ese canal.
Al respecto, Mantilla dijo: “Es una lástima para la SIP y lamentablemente vemos que dentro de las reglas del juego, el señor (Zuloaga) tiene el pleno derecho de la venta, pero se olvidó de la responsabilidad social que significa mantener un medio independiente”, de los pocos espacios críticos de Venezuela.
Sobre los compradores, el presidente de la SIP dijo desconocer su identidad, pero adelantó que podría tratarse de un grupo afín al régimen del recientemente fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez.
“Eso es grave, muy grave, solamente cuando existe variedad de pensamiento se puede garantizar la democracia. Sin variedad de pensamiento se entra directo al populismo dictatorial”, subrayó.
La junta directiva de Globovisión se reunió este mismo lunes con los empleados para explicarles la situación del canal, que sería vendido al empresario Juan Domingo Cordero, accionista en una empresa de seguros.
La televisora, que tiene varias sanciones administrativas y ha sido amenazada de cierre por el gobierno de Chávez, mantuvo siempre una línea editorial dura contra el éste.
Los responsables del canal han asegurado que son objeto de una persecución política debido a su línea editorial. Sin embargo, el gobierno venezolano alega que sus acciones responden a razones estrictamente legales.