Una jueza accedió a favorecer el martes con prisión domiciliaria a dos campesinas embarazadas que están acusadas por su presunta responsabilidad en la muerte de seis policías durante un tiroteo en junio durante un desalojo en una reserva forestal. AP
El defensor de ambas mujeres, Vicente Morales, confirmó a la AP que la jueza de la niñez y la adolescencia Rosa Ríos aceptó el pedido que las acusadas puedan abandonar el penal porque rige una ley que protege a las embarazadas de tal forma que tengan el parto acompañadas por sus familiares.
En la balacera, motivo de un juicio, además de los seis policías muertos, fallecieron once campesinos. La tragedia fue una de las causas de la destitución del entonces presidente Fernando Lugo en un juicio político en el Senado.
Fani Olmedo de 21 años con 7 meses de embarazo y Dolores López de 26 con 8 meses de gestación abandonaron el penal de ciudad de Coronel Oviedo, a 132 kilómetros al este de Asunción, para preparar sus respectivos partos en sus viviendas de las colonias Yby Pytá y Brítez Cué, en las cercanías de Curuguaty, a unos 320 kilómetros de la capital.
A López lo espera su esposo Luis Olmedo, otro acusado por la fiscalía pero con prisión domiciliaria desde diciembre tras 59 días de huelga de hambre.
Morales dijo que la jueza rechazó, por otra parte, la solicitud de prisión domiciliaria para Rubén Villalba quien el martes completó 54 días de huelga de hambre reclamando ir a su vivienda a la espera de la audiencia preliminar a la que debe asistir, ante la misma magistrada, en compañía de otros once labriegos acusados por la fiscalía por el tentativa de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno.
La balacera ocurrió el 15 de junio en el interior de un terreno de dos mil hectáreas donado en 1967 por una empresa privada al Estado para la construcción de un cuartel militar. Los sucesivos gobiernos no tramitaron el obsequio por lo que el ex senador Blas Riquelme del opositor Partido Colorado lo ocupó para actividades agrícolas.
Los campesinos también levantaron en la propiedad un precario campamento esperando desde 2004 que los diferentes gobiernos la destinarán para la reforma agraria.