Mientras el presidente Juan Manuel Santos espera tener listo a fin de año un acuerdo de paz con las FARC, esa guerrilla plantea multiplicar las zonas de reserva campesina, una figura de comunidades autónomas prevista en la ley pero resistida con fuerza por varios sectores.
Las comunistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Santos adelantan desde noviembre en La Habana un proceso de paz sobre una agenda cuyo primer punto, desarrollo rural, aún está en debate.
“Somos optimistas de que si seguimos como vamos, vamos a lograr, ojalá, la paz en este país, Dios quiera, antes de finalizar el año, si las cosas se dan como queremos que se den”, dijo Santos el lunes.
En las discusiones sobre el desarrollo agrario y en un escenario de posconflicto, las FARC han propuesto la creación de 59 zonas de reserva campesina sobre un territorio de 9 millones de hectáreas.
Ello sobre la base de una ley de 1994 que estipuló zonas de reserva para comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas con ciertas condiciones de autonomía y de seguridad, aunque esa legislación nunca ha sido reglamentada.
Pero la sola idea de destinar 9 millones de hectáreas a zonas de reserva campesina que podrían quedar bajo influencia de las FARC, aún si la guerrilla abandona las armas, encendió las alarmas de diversos sectores.
“El tema no va a ser como lo proponen las FARC, porque eso conduciría a crear una constelación de republiquetas independientes”, respondió el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.
En tanto, el presidente del gremio de los ganaderos, José Félix Lafaurie, aseveró que “si pretenden ser enclaves políticos excluyentes de campesinos catequizados por la subversión, me niego, porque eso genera conflictos en las diferentes zonas de producción”.
Hasta ahora en Colombia solo hay seis zonas de reserva campesina sobre un territorio de 830.000 hectáreas que ocupan unas 75.000 personas, según las estadísticas oficiales.
La idea para su establecimiento fue “conservar el minifundio y evitar una gran concentración en la propiedad de la tierra”, explicó a la AFP Ariel Avila, analista de la Corporación Nuevo Arcoiris, que estudia el conflicto armado colombiano.
“Se trata de zonas de protección de la pequeña propiedad y el campesinado tradicional”, añadió Avila, en un país en el que 52% de la gran propiedad rural está en manos de 1,15% de la población, según cifras del PNUD.
Para las FARC, una guerrilla campesina creada hace casi medio siglo, esa figura resulta muy atractiva, teniendo en cuenta que “es muy importante darles tierras, pues esa ha sido su reivindicación histórica”, dijo este experto.
Las FARC, la guerrilla más antigua de América Latina, cuenta con unos 8.000 integrantes en la actualidad.
“Hay mucho temor de parte de sectores agropecuarios a perder la propiedad. Muchas de esas zonas quedarían en regiones donde actualmente están las FARC y se teme su influencia”, señaló Avila.
Francisco Gutiérrez, director del observatorio sobre propiedad agraria de la Universidad del Rosario, en Bogotá, coincide en que el planteamiento provoca rechazo porque “esa clase de figuras le da herramientas a los campesinos para resistir la presencia de la fuerza pública en esas zonas”.
Y a la vez cuestiona que sea una buena salida. “Es una solución fácil ante el reto de la redistribución de la tierra. Sería aislarlos en una suerte de guettos campesinos”, dijo a la AFP.
“No creo que la generalización de las zonas de reserva campesina sea conveniente en términos de desarrollo agrario. Colombia se tiene que plantear el tema de la redistribución de la tierra de manera pura y dura”, enfatizó este académico.
A lo largo de casi 50 años de conflicto armado, más de 3,7 millones de campesinos han sufrido de desplazamiento forzoso por la violencia de grupos paramilitares de derecha, guerrillas izquierdistas y organizaciones del narcotráfico.
Para reparar a las víctimas, el gobierno de Santos aprobó en 2011 una ley de restitución de tierras, que pretende devolver dos millones de hectáreas arrebatadas y otros cuatro millones de hectáreas que quedaron en el abandono.
Una vez completadas las discusiones sobre desarrollo rural, la guerrilla y el gobierno pasarán a debatir otros cuatro puntos de su agenda de diálogo: drogas ilícitas, abandono de las armas, participación política y reparación a las víctimas. AFP