El proceso y la campaña electoral para los comicios del 14 de abril están viciados por el ventajismo estructural y coyuntural que ejerce el régimen chavista. Vicente Díaz, único miembro no-chavista del Consejo Nacional Electoral (CNE), lo describió como “grosero y descarado”. No es un proceso libre ni justo. Está distorsionado:
1. Por el uso y abuso de los recursos (petrodólares, bienes públicos, funcionarios) del Estado para los gastos de campaña (transporte, afiches, movilización, actos, anuncios de radio y TV), así como para aumentar demagógicamente las promesas, las prebendas, las donaciones (electrodomésticos), la inauguración de obras, los subsidios y servicios sociales. El propósito coyuntural es mantener y movilizar la mayoría electoral de un 54% más o menos, cooptada desde 1998. Esta mayoría “estructural” (unos 8 millones de votantes) se logró con los programas asistencialistas de las llamadas “misiones” en vivienda, salud, educación y seguridad social que, en buena hora, redujeron la pobreza de un 50% a un 20% (4 millones todavía) de la población. Chávez empoderó esta mayoría estado-dependiente con una capacidad de consumo y un nuevo sentido de identidad, pertenencia y dignidad chavista. Por ello lo idolatran.
2. Por el control que tiene el régimen de todos los poderes del Estado. Chávez ha utilizado su mayoría electoral en el poder legislativo para copar el poder judicial y el CNE con adeptos acérrimos, y así modificar las reglas electorales a su favor, y perseguir e intimidar opositores políticos y medios independientes. Inclusive así ha forzado el uso de un sistema sofisticado de votación automatizada, cuestionado por la mitad de los votantes y debido a su desconfianza en la neutralidad del CNE. Además, ante la no juramentación de Chávez para su nuevo término presidencial, el régimen así inventó la figura inconstitucional de la “continuidad administrativa”, para efectuar un autogolpe que aseguró la permanencia indebida de Maduro, primero como vicepresidente, y luego como presidente a cargo y candidato para las elecciones. Las Fuerzas Armadas, encargadas de la seguridad de los comicios, han jurado defender a todo costo la revolución bolivariana.
3. Por una sutil campaña de intimidación de votantes que genera dudas sobre el secreto del voto. Dirigida principalmente a funcionarios del gobierno y de sus empresas, el gobierno alienta a sus simpatizantes y amedrenta a los opositores con el mensaje: “El gobierno sabe por quién votas. La tecnología lo permite”.
4. Por la manipulación y abuso de los medios de comunicación del Estado y de sus aliados (controlan el 80% de los medios). Los canales oficiales discriminan contra la campaña de la oposición y el ministro de comunicaciones intimida a los candidatos y medios independientes. La oposición tiene 4 minutos diarios disponibles en los medios televisivos para su campaña, mientras que el gobierno tiene los mismos, más 10 minutos reservados para publicidad institucional, además de la cadenas nacionales por tiempo indefinido. Ni debate habrá.
Este ventajismo viola preceptos constitucionales y no es sancionado por el CNE ni la Contraloría General. Pero solo así el chavismo puede superar el voto castigo que debería sufrir como consecuencia de la deteriorada situación del país, incluyendo el desabastecimiento y la inflación (la más alta en América Latina), la inseguridad y la criminalidad (de las más altas en el mundo) y los deplorables servicios del Estado. Un 50% de venezolanos cree que el país está en mal camino.
Se requiere ese ventajismo para asegurar el continuismo en el poder de un régimen autoritario en control de una democracia incompleta, donde el régimen cree que por haber ganado elecciones tiene el derecho de ignorar o violentar los principios y libertades fundamentales de la gobernanza democrática. Esta distorsión electoral es también una clara violación a los principios y prácticas fundamentales de elecciones libres y justas, acordados por todas las democracias del continente en la Carta Democrática Interamericana de la OEA.
Quizás por ello el chavismo rehúsa invitar la observación electoral de la OEA y la Unión Europea. Flaco favor le hacen a un probable triunfo chavista en estas condiciones electorales: su gobierno será cuestionado por la oposición y la comunidad internacional y no gozará de legitimidad de origen.
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Rubén M. Perina es Profesor de la Universidad de Georgetown. Exfuncionario de OEA y jefe de varias misiones de observación electoral.