La cárcel que construye el Ministerio de Servicios Penitenciarios en el Zulia tiene 16 urbanizaciones a su alrededor. Sus más de 80 mil habitantes dicen estar afectados. Temen tener de vecinos a unos mil 200 privados de libertad. laverdad.com
En diciembre pasado, la ministra Iris Varela llegó al kilómetro 10 de la vía a La Cañada a develar la primera piedra. Anunció que se trata de un centro de reinserción social con capacidad para más de mil procesados de la región. Dijo también que se hace la misma construcción en otros ocho estados del país y que en Maracaibo tardaron más de lo previsto porque no encontraban un terreno. Agradeció al alcalde de San Francisco, Omar Prieto, por haber facilitado la ubicación: más de 80 hectáreas que pertenecían a la hacienda Vivenza.
Los trabajos se iniciaron desde entonces. Acondicionaron el área de trabajo de los ingenieros, las zonas de depósito y limpiaron la tierra. Pese a que no han levantado una sola pared, a diario los responsables adelantaban la obra.
Desde enero, los pobladores de la urbanización El Soler -ocupada por cinco mil 124 familias- ven cuando los familiares de los obreros llegan a la urbanización y se acercan hasta la cerca perimetral que divide el complejo habitacional de un terreno baldío. Cuando preguntaron, les dijeron que eran los trabajadores de la nueva cárcel y que se les hacía más cerca llegar por ese lado, cerca de la vía a Perijá, que por la vía a La Cañada.
Fue cuando se encendieron las alarmas. Mercedes Soto, vecina con 10 años de residencia en El Soler, está renuente a aceptar a los presos como vecinos. “Vemos que la obra avanza, que es un gran proyecto. Pero se trata de una sede para mil 200 cuando existen más de tres mil presos en Sabaneta. Simplemente están mudando un problema para otro sitio”.
Asegura que la cárcel de Sabaneta saldrá del barrio San Pedro por los problemas que lleva a los vecinos, por tener un centro de reclusión a pocos metros de las residencias. Los registros policiales y del diario La Verdad dan cuenta de que al menos 20 vecinos han resultado heridos cuando se inician las balaceras en el penal.
Medidas
La entrada de la cárcel en construcción está cerca de la vía a La Cañada, pero desde ese punto hasta el muro de El Soler existe al menos un kilómetro y medio. El proyecto contempla la construcción de áreas para visitantes, dos edificios gemelos, una universidad para custodios, un huerto y otros edificios.
“Sabemos que en este país se planifica una cosa y sucede otra. La obra está contemplada para que cada preso esté, como máximo, ocho meses, pero sabemos, como ejemplo, que en el retén El Marite tienen hasta dos años presos. Poco a poco llegará el hacinamiento, las armas, los tiroteos, las fugas y los escondites. Los únicos afectados somos nosotros”, asegura Jelitze Zambrano, también residente de El Soler.
La nueva cárcel y El Soler comparten al menos 700 metros de pared. La zona en construcción también está rodeada por la ciudadela Rafael Caldera y por otros barrios y urbanizaciones. Mercedes Soto explica que han recogido más de dos mil firmas para paralizar la obra. Están dispuestas a hacer una huelga. Llevarán su denuncia al Concejo Municipal y al Ministerio de Servicios Penitenciarios.
“Aquí el único culpable es Omar Prieto, que ofreció ese terreno. Si la ministra Iris Varela no sabía que estaba construyendo alrededor de unas urbanizaciones, lo entendemos, pero el alcalde sí lo sabía y no le importó”.
Soto asegura que los consejos comunales no se han manifestado al respecto. No dicen estar afectados, pero tampoco los apoyan; aseguran que a ellos les importa, hasta ahora, la consolidación del proceso político actual.
“Pero no se trata de política, se trata de respeto. Nosotros tenemos más de 10 años aquí y no es justo que nos traigan un problema que no nos pertenece”.
Los afectados
Se cuentan 16 urbanizaciones y otros cuatro poblados pequeños. Todos están ocupados por más de 80 mil personas. La recolección de firmas solo se ha hecho en la urbanización El Soler. Los denunciantes aseguran que se trata de la comunidad organizada y que no se incluye ningún ente local como asociación de vecinos o consejos comunales.
Tendrán una reunión
Un grupo de afectados llevó a una carta a la Gobernación del estado para solicitar la paralización de la obra. En el despacho general les dijeron que se reunirián con el secretario de gobierno, Blagdimir Labrador, el martes a las 3.00 de la tarde. Los afectados están esperanzados.