Poco después de la detención de Saúl por parte de la Guardia Nacional, la abogada Leidys González solicitó la nulidad absoluta de todo el procedimiento. En el escrito señala que tal operación militar está llena de “extremos”. La defensora pública de Abocbaicana acusó después que a su representado solo le permitieron dos testigos, cuando en las canoas hubo hasta una docena que podía atestiguar a su favor.
Se llevó las manos en la cabeza cuando iniciaron las entrevistas a los pilotos de los helicópteros militares que participaron en la ejecución: todos dieron las coordenadas geográficas –norte 09° 06´21” y oeste 72° 46´44”- pero ninguno estableció el punto exacto. La defensoría quería probar ambas versiones de los involucrados: los detenidos aseguran que los detuvieron en Colombia y los militares insisten en que el hecho ocurrió en Venezuela. Pese a que un a mapa común ubica esa zona en el país de al lado, el tribunal desestimó la solicitud de hacer una inspección de la zona.
El mismo 27 de agosto, fecha de la detención del barí, el comando antidrogas de la Guardia Nacional emitió un comunicado escrito en el que decía que se había incinerado y destruido todas las evidencias, debido a que no podían movilizarlas hasta Santa Bárbara, su zona de operaciones. El acta reza que encontraron en el laboratorio, entre otras cosas, “10.650 litros de acetona, 504 litros de gasolina, 1260 litros de tiner –removedor de pintura-, 576 litros de ácido sulfúrico, 1050 litros de base líquida, 945 kilos de carbón activado, una máscara de gas, siete jarras de medición, un compresor de aire, una prensa hidráulica, marquillas de figuras de pumas, toros, cochinos, insignias de Toyota e iniciales de nombres en números romanos; y nueve gaberas de metal para prensar las panelas”.
Los defensores alegaron que no se podía juzgar a un acusado porque que la misma autoridad destruyó las evidencias, sin embargo el juicio se mantuvo y a Saúl lo condenaron en septiembre del año pasado a 15 años de cárcel.
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