El gobierno izquierdista de Andalucía, la región de España más golpeada por el desempleo, decidió expropiar temporalmente viviendas a bancos e inmobiliarias para impedir desalojos, una medida que entró en vigor este viernes suscitando el rechazo del ejecutivo conservador de Madrid.
AFP
Bajo el título “medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda”, la Junta de Andalucía, el gobierno regional dirigido por socialistas y ecolo-comunistas, aprobó un inédito decreto para luchar contra uno de los problemas más graves en esta zona del sur del país.
Este contempla la expropiación, durante un máximo de tres años, de casas y apartamentos cuando los bancos se dispongan a expulsar por falta de pago a familias en riesgo de exclusión social que cumplan requisitos como ingresar menos de 1.600 euros netos al mes.
Su objetivo es “asegurar el derecho a una vivienda digna” a estas personas y sus beneficiarios deberán pagar un pequeño alquiler, según el decreto.
“La persona beneficiaria quedará obligada al pago del 25% de los ingresos de la unidad familiar”, explicó la consejera andaluza de Vivienda, Elena Cortés, antes de que la decisión fuera publicada oficialmente.
La medida podría beneficiar en lo inmediato unas 200 familias, según la Junta de Andalucía, que no descarta que haya más.
El decreto pretende asimismo obligar a alquilar las viviendas vacías mediante “multas coercitivas” de entre 1.000 y 9.000 euros a los bancos e inmobiliarias que mantengan casas y apartamentos sin ocupar.
Andalucía, una de las regiones de España más duramente golpeadas por la crisis desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, acarrea un desempleo de más del 35%, muy por encima del 26,3% del conjunto del país.
Desde 2007 ha habido en la región unos 86.000 desahucios, un fenómeno cada vez más preocupante en toda España, a raíz del cual se produjeron varios suicidios. Mientras tanto, existen sólo en Andalucía más de 700.000 viviendas vacías, según la Junta.
El gobierno central, dirigido por el conservador Mariano Rajoy tramita actualmente en el parlamento una reforma de la Ley Hipotecaria española, impugnada por el Tribunal de Justicia de la UE, que no incluye sin embargo medidas de expropiación.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, criticó la decisión de la Junta: “No creemos que éste deba ser un problema cuya solución pueda ser sectorializada en sus respuestas” por los ejecutivos regionales.