El gobierno conservador español y la oposición de izquierdas se enfrentan en el modo de poner freno a los desalojos de las familias sobreendeudadas, un drama creciente que llevó a un ejecutivo regional a decidir expropiar temporalmente viviendas a los bancos.
Por Anna CUENCA/Afp
“Estamos defendiendo el derecho a la vida” ante “una situación de emergencia”, afirmó a la AFP una portavoz del gobierno de Andalucía, región del sur del país duramente golpeada por la crisis, tras tomar inéditas medidas para garantizar que los más frágiles no sean expulsados de sus hogares por no pagar sus hipotecas.
Dirigido por socialistas y ecolo-comunistas, el ejecutivo andaluz decidió expropiar a los bancos, durante un máximo de tres años, el uso de las viviendas cuando vayan a desahuciar a familias en riesgo de exclusión social, que cumplan condiciones como vivir con menos de 1.600 euros al mes.
La decisión entró en vigor este viernes suscitando las críticas del gobierno conservador de Mariano Rajoy contra una medida que “afecta a un derecho como el de la propiedad privada” y cuya constitucionalidad está en duda, afirmó la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Sin embargo, ese mismo día varias familias andaluzas pidieron acogerse a ella, a cambio del pago de un pequeño “alquiler social”.
Feudo histórico de los socialistas y la única de las 17 regiones de España donde todavía gobiernan, Andalucía, con ocho millones de habitantes, es la zona del país más golpeada por el desempleo, con 35,86%, por encima de la ya muy elevada media nacional (26,02%).
Desde el estallido de la crisis en 2008, miles de familias fueron desahuciadas en esa región, donde existen más de 700.000 viviendas vacías, denuncia el gobierno regional.
Así que decidió también obligar a bancos e inmobiliarias a alquilar esas viviendas imponiendo “multas coercitivas” de entre 1.000 y 9.000 euros a los que tengan inmuebles sin ocupar.
“Casas sin personas y personas sin casa”, denunciaba una enorme pancarta desde la ventana de un edificio nuevo de apartamentos, totalmente vacío, como tantos otros en una región cuya economía creció a finales de los 90 y principios de los 2000 supeditada a un sector de la construcción entonces insaciable.
Para los defensores de las familias asfixiadas por las hipotecas, esta medida es “un paso muy positivo” y un ejemplo para el resto del país, dice Rubén Sánchez, portavoz de Facua, una ONG con sede en Sevilla, la capital andaluza.
“Si los pisos están vacíos es generalmente porque el banco quiere especular, perpetuando el sistema de poner un precio muy por encima de lo real y manteniendo ese gran fraude que hubo en España de la burbuja inmobiliaria”, denuncia.
El drama de las familias desahuciadas, un fenómeno cada vez más preocupante en toda España a raíz del cual se produjeron varios suicidios, despertó una fuerte indignación social.
Algunos activistas, imitando los “escraches” creados en Argentina para denunciar a exrepresores de la dictadura, manifiestan desde hace semanas ante oficinas y domicilios de personalidades conservadoras, incluida Sáenz de Santamaría.
Denunciando un “atentado contra la intimidad”, el gobierno dio esta semana instrucciones a la policía para que mantengan a estos manifestantes “a una distancia prudencial” del domicilio de los políticos.
Una medida denunciada como “ilegal” por el Partido Socialista, quien defendió la iniciativa de los militantes antidesahucios y la legalidad de la decisión de Andalucía.
“No hay banco que se vaya a la ruina porque durante tres años una familia que lo necesita se quede en su casa y renegocie su hipoteca”, afirmó su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, a la televisión pública.
Por eso los socialista propondrán incluir esta medida en una reforma de la Ley Hipotecaria española -impugnada como abusiva y contraria al derecho europeo por el Tribunal de Justicia de la UE- en trámite en el Parlamento, donde el partido de Rajoy tiene, no obstante, mayoría absoluta.