Los asesinatos de personas que aparentemente practican la brujería, sobre todo mujeres, se han disparado en Papúa Nueva Guinea, un país con una población propensa a la superstición y a tomarse la justicia por su mano.
Amnistía Internacional (AI) estima que cada año se producen al menos 150 casos de linchamiento y ajusticiamiento de personas relacionadas con la hechicería a manos de la gente, aunque el número es probable que sea mucho más elevado dado que la mayoría de las muertes ocurren en áreas aisladas y la mayoría no son denunciadas.
“Las mujeres son acusadas seis veces más que los hombres de estos delitos de brujería”, dijo a Efe Kate Scheutze, la investigadora de AI que examina la discriminación de la mujer en la sociedad papuana.
En ese país, en el que está muy extendida la ignorancia y el temor a los poderes mágicos, existe desde 1971 la Ley de Brujería, que prohíbe realizar “magia negra o hechizos para causar daño” y permite denunciar, agredir y matar a las personas acusadas de brujería, aunque estas acusaciones son difíciles de probar.
“Si un hombre acusa a una mujer de brujería, puede hacerle lo que quiera a ella y nadie lo denunciará. Las acusaciones de brujería sirven para persuadir a las mujeres de reclamar sus derechos en la sociedad”, acotó Sheutze.
Naciones Unidas ha pedido formalmente al Gobierno papuano que derogue la legislación en materia de brujería y proteja a aquellas personas sobre las que recaen sospechas, tanto infundadas como fundadas, de tener relación con la magia negra.
“La ONU está profundamente preocupada por el aumento de las denuncias de violencia, tortura y asesinato de personas acusadas de practicar la brujería en todo el país”, indicó el organismo.
Sólo la pasada semana fueron asesinadas ocho personas, entre ellas dos ancianas a quienes decapitaron en la región insular de Bougainville, tras haber sido acusadas de la muerte de una maestra de escuela, informó la prensa papuana.
Estas muertes fueron presenciadas por agentes de la Policía, que, tras el suceso, emitió una nota para que explicar que no disponía de los efectivos necesarios para controlar a una ofuscada turba, provista de hachas y machetes.
En otro caso, seis mujeres y un varón fueron desnudados, tumbados sobre hierros al rojo vivo y después quemados en la hoguera durante un ritual contra la magia negra celebrado en marzo en un pueblo de las montañas de la región central del país.
El sacerdote católico neozelandés Philip Gibbs, quien desde hace cuatro décadas reside en Papúa Nueva Guinea, dijo que estas acciones violentas surgen cuando la población, principalmente hombres, quieren culpar a alguien por la muerte un familiar.
“He tratado de introducir conceptos modernos y científicos como el simple hecho de preguntar al médico las causas de la muerte” del ser querido, señaló Gibbs.
En ese país, donde no se emiten certificados de defunción, los “médicos brujos” perciben considerables sumas de dinero por acusar a aquellos que practican magia negra, relató el clérigo.
Gibbs, de 65 años, dijo a Radio Australia que “el sortilegio es un negocio lucrativo y existe la tentación de acusar a otros falsamente para obtener dinero”.
El 37 por ciento de la población de Papúa Nueva Guinea vive en situación de pobreza, principalmente en las zonas rurales.
Para AI el aumento de estos ajusticiamientos es “un problema complicado que requiere de una respuesta coordinada por el Gobierno, el sistema judicial, la educación y la mejora de la sanidad en las áreas rurales”. EFE