El resultado electoral de la elección presidencial en Venezuela el pasado 14 de abril, presenta una paradoja: según el Consejo Nacional Electoral (CNE) el que gana, pierde, y el que pierde, gana.
La racionalidad detrás de este argumento es que el Estado revolucionario se impone ante el “enemigo” a través de normas y leyes ajustadas como un traje a la medida confeccionado por los poderes públicos que domina.
Inicia con la sentencia del 10 de enero de 2013 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde acepta y justifica a través del principio de la continuidad administrativa, que el presidente Chávez no tome posesión del cargo. La imposición se agudiza con el nombramiento de Nicolás Maduro Moros, entonces vicepresidente ejecutivo, como presidente encargado, gozando de todas las prerrogativas del cargo. El TSJ ignoró que Maduro no fue electo por votación universal, directa y secreta el 7 de octubre de 2012, si no designado a dedo por Chávez en el periodo presidencial 2007 – 2013.
Continúa con una campaña electoral de diez días donde la justicia, la transparencia y la legalidad no fueron precisamente sus características. Una campaña en donde el candidato-presidente hizo alarde de su condición en todo momento (“El Estado soy yo”) sin conceder ningún derecho a la oposición.
Finaliza con la proclamación acelerada de Maduro como presidente por parte del CNE, un día después de haber celebrado las elecciones, y sin tomar en cuenta la solicitud de la otra mitad de la población que aún reclama una auditoria del 100% de las cajas que contienen el recibo de los votos sufragados, los cuadernos y las actas electorales.
En estos eventos la toma de decisiones se realiza bajo el juego aparente del régimen legal constitucional democrático donde el demócrata es golpista, la víctima es usurpador, el triunfador es perdedor, la mayoría es minoría, el pacífico es violento y la voluntad popular es una elite de la burguesía.
La administración del poder durante 14 años para desarrollar e implantar el proyecto del Socialismo del Siglo XXI que encarnó el presidente Chávez, presenta en la actualidad una gran crisis.
En el eje económico, definido por el equipo de Maduro en el documento “Qué hacer”, se encuentra una bomba atómica económica de efectos devastadores que generará una situación insostenible:
Desabastecimiento del 50% en productos básicos, inflación prevista para este año del 33%, un déficit del sector público del 15%, una caída del PIB de más del 4%, un déficit de caja de PDVSA del 40%, y una tasa de desempleo del 11% entre otros.
En el eje social, la inseguridad está entre las más altas del continente, con más de 3.000 muertes violentas en el primer trimestre del presente año. Venezuela es un país donde ocurren más muertes que en las más recientes guerras ocurridas en Irak, Afganistán y Libia. Esta situación impone un toque de queda sin decreto durante las horas nocturnas.
Adicionalmente, los cortes eléctricos son continuos durante el día y producen gran malestar en la población al dañar los aparatos eléctricos y obligar a vivir en la oscuridad cuando suceden de noche.
El equipo de Maduro dice en el documento mencionado que “se huele en el ambiente la posibilidad de un estallido social”.
En el eje político, Maduro agrega una crisis de gobernabilidad, al ahogar la solicitud de Capriles de una auditoria total al sistema electoral (esencia y elemento fundamental de la democracia).
Por primera vez, la oposición ganó en parroquias en donde nunca antes lo había hecho, al obtener los votos de vastos sectores populares. Esto sumado a la bomba atómica económica, a la guerra interna y al ahogo electoral, genera un caldo de cultivo para la rebelión ante una dirigencia representada en Maduro, un dirigente que ni ve, ni escucha. Seguir imponiendo el Estado revolucionario de los Castro sin tomar en cuenta la otra mitad del país parece el libreto sugerido.
Estamos ante una situación que requiere las mejores habilidades y conocimientos de la oposición representada por Capriles, para construir en la unidad y con disciplina el camino: donde las diferencias convivan, no haya derrotados, las minorías sean importantes, la paz esté presente y el gentilicio venezolano renazca.
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Antonio De La Cruz es Director ejecutivo de Inter-American Trends, exgerente de Planificación en PDVSA