Estas fueron las palabras que dio la Presidenta del CNE, Tibisay Lucena, en cadena nacional para anunciar al país su decisión con respecto a la solicitud de auditoria del Comando Simón Bolívar.
El país ha visto cómo nos hemos reunido durante largas horas por dos días para analizar una solicitud que fue introducida el día de ayer por Henrique Capriles Radonski. Responsablemente y con una gran seriedad hemos revisado esta solicitud. Y antes de anunciar la decisión que hemos tomado queremos decir algunos mensajes que hemos considerado de gran importancia.
Este Poder Electoral emitió unos resultados electorales absolutamente transparentes, exactos que reflejan de forma pulcra la expresión de las electoras y los electores. Es un sistema electoral que fue y ha sido sometido a las auditorías y a las pruebas que dan garantías de la fortaleza y la robustez del sistema electoral venezolano durante mucho tiempo. Se trata de las garantías a los derechos políticos de las ciudadanas y los ciudadanos. Es la soberanía del país expresada por el sufragio. La institución es garante de esos votos y por tanto de las decisiones que el pueblo toma por medio del sufragio. El Poder Electoral tiene la obligación constitucional de respetar y hacer respetar la decisión de cada una de las ciudadanas y los ciudadanos venezolanos, por ello el Poder Electoral actúa estrictamente dentro del marco jurídico del país.
El domingo, cuando anunciamos los resultados también recordamos el derecho que le asiste a quienes estaban o están en desacuerdo con el resultado electoral y le señalamos claramente cuáles son esas instancias para impugnar los resultados de esta elección. Insistimos, así mismo, que esa impugnación se presentara de manera formal ante las instancias correspondientes y que no se hicieran a instancias de los medios de comunicación, sino ante el organismo electoral o los entes correspondientes.
También queremos decir que el lapso para la impugnación, debe saberlo el país, sólo se inicia luego de la proclamación del candidato electo, esa es la regulación vigente desde hace muchos años en Venezuela. Cualquier especulación en torno a ello no es más que la valoración propia del debate político. Lo concreto es que el derecho asiste a quienes votaron por el candidato Capriles, pero también asiste a quienes lo hicieron por el Presidente Maduro y por eso es tan importante preservar toda acción dentro del marco legal que rige el proceso.
La solicitud presentada es culminar la auditoria de verificación ciudadana que se hizo el día domingo al 54% de las cajas de resguardo del comprobante del voto. No se hizo solicitud de reconteo de votos. Recordamos que el voto y el escrutinio en Venezuela son automatizados, un nuevo escrutinio automatizado sólo se puede solicitar mediante la impugnación de la elección ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Luego de una larga discusión para analizar dicha solicitud, hemos acordado en el marco de lo permitido en la norma electoral, ampliar la auditoría de verificación ciudadana en su fase dos que se inició el día de hoy para realizar la auditoría sobre el 46% de las cajas de resguardo que no fueron auditadas el día de la elección. Esta decisión ha sido tomada atendiendo a una situación evidentemente particular, en ningún caso debe ser interpretada como escrutinio alguno y será realizada de la siguiente forma:
Seleccionaremos una muestra que será auditada durante diez días al final de cuyo lapso será entregado al país un informe de resultados. Este procedimiento se repetirá en ciclos de diez días hasta completar treinta días. Será realizada en presencia de los técnicos designados por los comandos, con una capacidad instalada a un promedio de 400 cajas de resguardo por día. El inicio de este proceso lo anunciaremos la semana próxima.
El Poder Electoral toma esta decisión en aras de aportar a la preservación de un clima de armonía entre venezolanos y venezolanas, pero también para aislar a los sectores violentos que buscan irresponsablemente lesionar la democracia.
Para concluir, queremos exhortar a los medios de comunicación y a los diferentes voceros de las organizaciones con fines políticos para que sean consecuentes y responsables con la paz nacional y eviten emitir juicios previos o manifestar criterios que promuevan la alteración de los ánimos en este período. Dejen que el Poder Electoral cumpla con su función sin que medien chantajes, agresiones o amenazas a funcionarios u oficinas de esta institución. Debemos procurar que nuestra democracia sea resguardada para el bien de todas y todos.