La disminución de la violencia criminal y el rescate de la seguridad ciudadana sigue siendo uno de los retos fundamentales para el Gobierno.
La crisis por el auge de la criminalidad en el país fue reconocida aunque con matices por los principales aspirantes a la primera magistratura durante la breve campaña electoral, posterior a la muerte de Hugo Chávez.
JAVIER IGNACIO MAYORCA/ El Nacional
Las cifras que divulgó en marzo el ministro de Relaciones Interiores, general de brigada Néstor Reverol, confirman que Venezuela está inmersa en una espiral de violencia homicida al menos desde 2005. El año pasado cerró con 16.030 casos, 15% más que el total correspondiente a 2011. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, desde 2010 Venezuela ocupa el quinto lugar entre los países más violentos de mundo.
Junto con los homicidios, los venezolanos están expuestos a importantes niveles de victimización en delitos del crimen organizado como el secuestro, así como el robo y hurto de vehículos.
Las últimas cifras disponibles indican que durante 2011 los delincuentes se apoderaron diariamente de 101 automóviles o motocicletas en promedio.
“Cualquiera que venga a gobernar deberá recuperar la dimensión política original del Estado, recuperar el rol de convivencia y pacificación en las relaciones sociales”, señaló la investigadora de la Universidad Simón Bolívar, Verónica Zubillaga.
La docente y ex miembro de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme observó que el incremento de la criminalidad violenta en el país paradójicamente ha ocurrido en los años en que se asegura que la pobreza y la desigualdad han disminuido debido a la renta petrolera.
Un diagnóstico de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela indica que los delitos contra la propiedad, como robos y hurtos, son los predominantes en el país. El problema es que la alta disponibilidad de armas de fuego ha traído como consecuencia un incremento de la violencia en la ejecución de tales delitos. “El respeto por la vida tiene que ser el eje rector fundamental de cualquier política de control a la criminalidad”, afirmó Zubillaga.
Compromiso. El director de la asociación civil Paz Activa, Luis Cedeño, observó que durante la campaña los principales candidatos se comprometieron a hacerle frente al problema de la criminalidad: “Como se habló tanto de seguridad durante el nuevo período no podrán dejar de atender el tema. El problema es el desconocimiento del asunto por una parte y por la otra las respuestas tímidas que se han tenido para afrontar el problema más agudo y preocupante del país”.
Cedeño considera que la voluntad política es fundamental para tener éxito en materia de seguridad ciudadana. “Hay que dar un mensaje claro a los delincuentes.
No es que se sea intolerante, pero los delincuentes tienen que entender y tener presente que hay un costo asociado a la violación de las leyes, que actualmente no ven. Los niveles de impunidad son muy altos, así como la ausencia de las policías”, dijo.
Tanto él como Zubillaga coincidieron en que la disminución de la violencia criminal no se logrará solamente con medidas policiales. Por ello, Cedeño anunció que entregará al Parlamento un proyecto de ley para atender a los jóvenes que están en situación de riesgo.
Ambos expertos, no obstante, afirmaron que el nuevo Gobierno deberá establecer mecanismos de coordinación efectiva entre los cuerpos de seguridad que actúan en los municipios, los estados y en el ámbito nacional.
Grupos armados. Estudios del Ministerio de Relaciones Interiores revelan que entre 1999 y 2009 la violencia criminal se incrementó 30% en el Distrito Capital, pero en estados fronterizos como Barinas y Táchira el aumento fue respectivamente de 455% y 421%.
Zubillaga afirmó que ello es una consecuencia directa del asentamiento en los estados fronterizos de organizaciones armadas: “Este es un tema que deberá ser asumido en el nuevo período. Las consecuencias de lo que sucede en la frontera radian a todo el país, pues estos grupos actúan como redes”.