La oposición venezolana acusa a las instituciones estatales de intimidación y amenazas de despido a funcionarios críticos con el presidente Nicolás Maduro, después de una disputada elección que generó una oleada de violentas protestas. Reuters
Los adversarios del Gobierno están indignados por dos grabaciones que parecen mostrar a altos funcionarios prometiendo despedir a trabajadores que apoyen el líder opositor Henrique Capriles, quien perdió por un estrecho margen la elección para suceder al fallecido presidente socialista Hugo Chávez.
El Ejecutivo lo niega y responsabiliza a Capriles por los disturbios que dejaron ocho personas muertas, decenas de heridos y varios ataques a edificios públicos -según información oficial- tras su negativa a reconocer los resultados.
Una integrante de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática dijo a Reuters que han recibido hasta el momento más de 2.000 quejas por acoso laboral, de las cuáles precisó que unas 300 se referían a despidos por motivos políticos.
“No acepto militantes de partidos fascistas”, dijo el ministro de Vivienda, Ricardo Molina, en un video de lo que parecía ser una reunión con el personal de la institución.
“Quien quiera ser militante (del partido opositor) Voluntad Popular del fascista Leopoldo López, que renuncie, porque si no renuncia yo mismo lo voy a botar”, concluyó, refiriéndose a un conocido líder opositor y aliado de Capriles.
Un funcionario del despacho dijo que Molina no tenía comentarios sobre el video por el momento.
Maduro mantuvo en su puesto a Molina cuando anunció su primer gabinete el domingo, un día después de que la grabación comenzó a circular en internet.
La oleada de acusaciones de discriminación se produce después de violentas protestas de la oposición exigiendo un recuento total de los comicios del 14 de abril, que Maduro ganó por menos de 2 puntos.
Mientras el oficialismo promete encerrar a los autores materiales y a los instigadores de las protestas, la oposición asegura que el Gobierno ha exagerado la violencia, incluyendo víctimas del hampa común entre los fallecidos.
“LOS VAMOS A BOTAR”
La diputada ante el Parlamento Latinoamericano Delsa Solórzano denunció que agencias del Gobierno, escuelas públicas y compañías estatales están usando fotos de las redes sociales, e incluso comentarios críticos, para identificar personas sospechosas de oponerse a Maduro.
Agregó que entre correos electrónicos y llamadas de empleados públicos suman más de 2.000 las denuncias, incluyendo interrogatorios por sus posiciones políticas.
“No saben por quién votaste, pero pueden sospechar porque te ven cara de ‘escuálido’ (opositor) o porque una vez pusiste un comentario como ‘¡Qué cosa con la inseguridad!'”, dijo la abogada opositora en su despacho.
En otra pieza ampliamente difundida en la red, un funcionario en el occidental estado Zulia fue grabado supuestamente diciéndole a los empleados de su oficina que saben cuáles de ellos respaldaron a Capriles.
“Se lo voy a decir, los vamos a botar”, dijo una grabación de audio atribuida a Leonet Cabezas, funcionario de deportes de la gobernación de Zulia. “Cara de pendejos no tenemos, nosotros los tenemos identificados y los vamos a sacar”.
Cabezas dijo más tarde en un periódico local que su despacho no iba a despedir a nadie y acusó a quien publicó la grabación de buscar “disturbios”.
Una página anónima de Facebook titulada “Denuncia a los Traidores de la Patria” publica fotos de marchas opositores con flechas y etiquetas identificando los nombres y puestos de trabajo de empleados públicos en el estado andino de Táchira.
“¡Ven por qué tenemos que barrer muchas instituciones del Estado!”, rezaba uno de los comentarios.
NO HAY ACOSO
Los aliados del Gobierno aseguran que las acusaciones son ridículas, porque el voto en Venezuela es secreto, lo que significa que no hay forma de que un superior sepa si votaste por Capriles. Además, casi todas las quejas son anónimas e imposibles de verificar.
“No hay acoso laboral”, dijo la diputada del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Blanca Eekhout, a la prensa local.
“¿Por qué no preguntan por las muertes de la violencia generada por Capriles, quien, al igual que los medios de comunicación, debe ser acusado por delitos de lesa humanidad?”, agregó.
La situación tiene precedentes y trae malos recuerdos a miles de opositores venezolanos. Hace una década, colaboradores de Chávez compilaron una lista de personas que firmaron pidiendo un referendo revocatorio contra él.
La oposición dice que se convirtió en una “lista negra” para despedir trabajadores en la administración pública y denegar contratos gubernamentales a particulares y empresas.
En ese tiempo, la práctica fue abiertamente reconocida por algunos de los chavistas radicales, que la justificaron como una respuesta por el golpe contra Chávez en 2002 y el paro petrolero activado meses después para forzar su renuncia.
En 2005, el propio Chávez criticó el uso de la lista y ordenó que se “enterrara”.
Solórzano dijo que los nombres de víctimas de la discriminación tras las últimas elecciones son confidenciales y que sólo unos pocos se han hecho públicos en los últimos meses.
Evelyn Giambalvo, de años 40 y quien está de baja médica en un banco agrícola estatal, dijo que su salario fue recortado en septiembre, un día después de que publicó una foto en una red social de ella con Capriles.
“La gerencia dijo ‘¿cómo se te ocurre publicar esa foto trabajando en esta institución?'”, dijo.
Su marido, Freddys Díaz, de 55 años, dijo que fue despedido injustificadamente de la misma institución en febrero.
El Ministerio de Agricultura, que supervisa el banco, no respondió a llamadas pidiendo comentarios.
“Se supone que estamos en un país democrático, donde tú no tienes que seguir las líneas ni mucho menos convertirte en una foca y aplaudir cosas con que estás en desacuerdo”, dijo Giambalvo.